Esta vez las comunidades del PP no se levantaron de la reunión, como sucedió en julio. En esta ocasión, se quedaron durante toda la conferencia sectorial. Eso sí, para insistir en que la ley de Educación que cocina el Gobierno del PSOE es un «despropósito», «un viaje al pasado». El consejero de Educación de Madrid fue más allá y pidió la retirada del anteproyecto, que supone la derogación de la LOMCE, la polémica norma aprobada durante el mandato del ministro José Ignacio Wert (PP). Mientras, las comunidades no gobernadas por el PP apoyaron el texto. Eso sí, con algunos peros. Canarias (Coalición Canaria) hizo hincapié en la financiación y el profesorado; Euskadi (PNV), en las competencias autonómicas; y Navarra (Geroa Bai), en la necesidad de ser más ambicioso. En las comunidades gobernadas por el PSOE, como Andalucía y Aragón, el respaldo fue total. La ministra de Educación, Isabel Celaá, salió satisfecha de la reunión (de cuatro horas) con los consejeros, a la que, por parte de Cataluña, no asistió Josep Bargalló sino Carles Martínez, secretario de Políticas Educativas. Celaá aseguró que la norma -que tiene que ser aprobada por segunda vez en Consejo de Ministros y después iniciar el trámite parlamentario- goza de un enfoque transversal para recalcar la igualdad entre hombres y mujeres, la educación no sexista y la prevención en violencia de género. Cuando la norma sea una realidad, habrá un título único al finalizar la ESO y la repetición de curso será «algo completamente «excepcional». Para que un alumno repita curso -España tiene el índice más alto de repetidores de toda la OCDE- deberá haber un informe de todos los profesores. La Religión se seguirá ofreciendo en las escuelas, pero no contará para nota ni tampoco para la obtención de becas ni servirá para hacer la media en los procesos de acceso a la universidad.
