El Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una pionera legislación que amplía los plazos de prescripción de los delitos más graves y que pretende servir de revulsivo para que la sociedad entera rechace cualquier tipo de violencia hacia los más pequeños.
En España se interponen más de 100 denuncias al día en las que la víctima es un menor de edad. Y estos datos suponen solo la punta del iceberg porque muchos niños no se atreven a exteriorizar que son objeto de acoso o abusos sexuales en el colegio, sus casas u otros lugares. Para hacer frente esta situación, el Gobierno ha dado luz verde a una norma integral que pretende convertir a la infancia en un colectivo de especial protección, con la vista puesta en que suponga un antes y un después, al igual que sucedió con la ley contra la violencia de género.
Una vez aprobada por el Consejo de Ministros, el proyecto legal inicia ahora su tramitación parlamentaria. Y dado que muchas leyes encallan en las Cortes, las entidades que trabajan con los menores han pedido un trámite de urgencia, para acortar los tiempos y que vea la luz cuanto antes. Las oenegés de infancia apelan al consenso que siempre ha despertado esta ley, que el PP en sus tiempos de Gobierno ya proyectó, para pedir a los partidos que dejen la normativa al margen de la disputa política y no paralicen su aprobación.
A este respecto, el vicepresidente Pablo Iglesias, de cuyo departamento ha dependido en los últimos meses la normativa, señaló que se va a «esforzar» para que las «ideologías» no interfieran «en la protección de los niños» y en el trámite en las Cortes la norma sea «mejorada». A este respecto, explicó que no se ha retocado excesivamente el anteproyecto aprobado por el Gobierno socialista en diciembre del 2018 para que no haya que enviar de nuevo el texto de nuevo a los órganos consultivos, lo que retrasaría su aprobación. De esta forma, los cambios que quiera introducir Unidas Podemos y otros partidos, se dejan ya para el trámite parlamentario. Iglesias pidió «perdón en nombre de los poderes públicos» a todas las víctimas que no han podido atender porque «se ha llegado tarde» y les manifestó el «compromiso» del Gobierno de que se pondrán los medios para que no ocurra «a otros niños».
La ley amplía los plazos de prescripción en los delitos más graves, que comenzarán a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, 12 más que en la actualidad (cuando comienza a partir de los 18 años). Y es que muchos afectados no se atreven a interponer una denuncia hasta que alcanzan la madurez, lo que provoca situaciones de impunidad. Por ejemplo, en el caso Maristas, de los 13 profesores denunciados, solo uno fue a juicio y por cuatro de las 17 denuncias.
La norma crea además nuevos delitos para castigar a quienes usen las nuevas tecnologías para incitar al suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios de los menores, así como actos de naturaleza sexual. Además, prevé que las autoridades judiciales retiren estos contenidos de internet para evitar la persistencia delictiva.
Asimismo, el anteproyecto endurece las condiciones para el acceso al tercer grado, la libertad condicional o los permisos penitenciarios para personas condenadas por abusos sexuales a niños.
El proyecto legal establece el deber de comunicar los indicios que se tengan sobre cualquier situación de violencia ante la autoridad competente.
