Hay quien de la otrora socialdemocracia, racional y constitucionalista, añorada por algunos veteranos militantes del PSOE, hoy santones en declive, o curtidos activistas descuadrados, y que hasta clásica podría denominarse, ahora prácticamente desmantelada de su antes experimentadas estructuras políticas y funcionales, o reconvertida en silente claustro monacal, y por tanto doblegada al dictado y ucases de su nuevo y oriental conductor, ha indicado, o melancólicamente confesado, que las transferencias de competencias efectuadas a las comunidades autónomas durante períodos precedentes, desde 1978, han aminorado los antaño poderes centrales del gobierno del Estado debilitándolo, y mucho más en especial y connotadamente merced a aquellos traspasos relacionados con la enseñanza, y la seguridad y sanidad pública; puesta esta última en entredicho y en evidente y actual decadencia con la articulación de las medidas relacionadas con la pandemia vírica del covid-19. Si bien por extensión y del mismo modo también podrían encuadrarse en el diagnóstico citado otras actividades, igualmente importantes a los efectos de la vertebración de los intereses generales, por ser casi todas ellas claramente deficitarias en cuanto a su territorial gestión particularizada como a su estatal coordinación conjunta se refiere, haciendo mayor hincapié en las atribuciones cedidas a los exigentes y escasamente solidarios nacionalismos periféricos, tanto vascuence como catalán, principalmente, implacables y jamás satisfechos con las concesiones cedidas, legislatura tras legislatura; y en algún caso hasta transformados a su tenor en una especie de insolidarios paraísos fiscales.

La reversión a una justa y constitucional normalidad del citado, arduo como utópico, asunto es tarea de envergadura, a tenor de las circunstancias, pues exige que la mayoría de las fuerzas parlamentarias estén dispuestas y articuladas en esa razonable dirección: algo casi imposible de conseguir dada la considerable proporción de posiciones anticonstitucionales que cohabitan con vigor en nuestras cámaras legislativas.

* Licenciado ingeniero agrónomo. Licenciado en Derecho