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Editorial

Unos Presupuestos más sociales

 

12/01/2019

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobado por el Gobierno ayer defiende un giro en la política económica del país, con una mayor voluntad redistributiva de la riqueza, que comportaría un aumento del gasto público en partidas como las pensiones o la dependencia, por poner solo dos ejemplos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los presentó como un «punto de inflexión» hacia un modelo «más inclusivo y sostenible», y podrían serlo si superan la tramitación parlamentaria, todavía en el aire, aunque ayer el independentismo catalán dio a entender que podría permitir su tramitación. El Ejecutivo fía el aumento del gasto a una previsión de recaudación récord de 227.356 millones de euros, el 9,5% más que el 2018. Unas cifras quizá demasiado optimistas, teniendo en cuenta que la previsión de crecimiento para este año se ha rebajado una décima, del 2,3% al 2,2%. El Gobierno espera aumentar los ingresos siguiendo la máxima de quien más tiene, más paga. Así, el IRPF subirá para los grandes contribuyentes y se incrementará el impuesto de sociedades para las grandes empresas, la banca y las compañías de hidrocarburos, bajando dos puntos para las pymes. En cuanto al IVA, se rebaja la tasa en los productos de higiene femenina del 10% al 4%, lo que pone fin a una situación de discriminación de género en el consumo. Entre las medidas sociales, aumenta un 59% la dotación de la dependencia y las becas de estudio.

Falta por concretar la inversión del Estado en las comunidades autónomas, aunque --y ahí está el gesto hacia el independentismo catalán, que aún no ha decidido su voto-- el Gobierno ya anunció que por primera vez cumplirá la disposición adicional tercera del Estatut, es decir, que sea equivalente al peso de la economía catalana en el PIB español (el 18%, frente al 13,3% de los PGE del 2018). La cifra se conocerá el próximo lunes, cuando el proyecto se presente al Congreso. Y ahí se sabrá lo que se destina a Andalucía, que también recogía ese 18% en su Estatuto, equivalente al peso de su población, compromiso previsto para siete años pero que se incumple desde el 2011 y se considera una deuda a resarcir, un compromiso que adquirió la ministra Montero en noviembre pasado.

¿Saldrán adelante las cuentas? Ya se sabe del rechazo del PP --Pablo Casado considera «letal» el proyecto-- y de Ciudadanos. Pero también Podemos, con el que llegó a un pacto presupuestario, amaga con oponerse si no se modifica el decreto de alquileres para que los ayuntamientos puedan limitar los precios. El Gobierno no lo tiene nada fácil. Los partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez tienen en su mano favorecer unas cuentas que pretenden corregir los desequilibrios de políticas anteriores o dejar al Ejecutivo en una inestabilidad que abriría el camino a unas nuevas elecciones, con el auge de la extrema derecha de fondo.

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