El magistrado preside la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha protagonizado (a iniciativa suya) el escándalo de la revisión y posterior cambio de sentido a la sentencia del mismo órgano jucial acerca del impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas. Para colmo, su voto, el último en emitirse, ha decantado el nuevo dictamen judicial.