No hay mayor desgracia que ser huérfano a temprana edad y mucho más si alguno de tus padres ha sido asesinado por el otro. Ese terrible sufrimiento y la consiguiente falta del ser más querido, esta sociedad lo quiere solventar concediéndoles una paga de limosna de 190 euros como pensión de orfandad (según el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, que se encarga de ayudar a los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas).
A estos niños que lo que necesitan son facilidades en su desarrollo personal, emocional, psicológico y educativo, para superar su trauma, lo que la Administración y sus legisladores les ofrecen son miserias, en lugar de darles facilidades.
Los menores a los que la vida les ha dado un revés irreparable, son merecedores de al menos un organismo oficial para gestionar no solo su pensión, (que debería ser la máxima de orfandad) o las ayudas en becas, clases extraescolares, comedores, libros de texto y gratuidad en estudios superiores etc. en cuanto su educación para entrar en la sociedad, sino también, tratamientos psicológicos gratuitos (muchos han visto morir a sus madres ensangrentadas delante de ellos) así como una revisión de las obligaciones fiscales que les correspondiesen por su patrimonio, herencia o ayudas a que tuvieren derecho como víctimas de un delito violento y colaborar con las familias que se han hecho cargo de ellos.
Unos pequeños huérfanos de violencia machista no pueden ser mendigos y vivir de la caridad. Sus pensiones y derechos deben estar legislados con justicia comparándolos con otras víctimas (como las de ETA) y teniendo atención prioritaria en cuantas necesidades que, por su terrible tragedia a edad tan temprana, pudieran demandar.
