Esta campaña electoral, tan distinta de las citas anteriores, parece abocada a la complicación. Ahora, el punto de fricción reside en los debates. El martes pasado, la Junta Electoral Central (JEC) tumbó el debate electoral a cinco, incluyendo a los cuatro grandes partidos españoles más Vox, que había programado Atresmedia, la cadena que había apostado por el formato que ofrecía a Pedro Sánchez la oportunidad deseada de enfrentar su proyecto a Vox. La JEC concluyó que solo es posible un debate entre los partidos con una representatividad notable en el ámbito español (el debate a cuatro que ofrecía TVE) o, en el caso de aceptar la entrada de una fuerza como Vox, ampliarlo a los grupos parlamentarios que ya han demostrado en las urnas un apoyo popular mayor (lo que incluiría a los independentistas y llevaría a un formato masivo que lo haría inviable).

De inmediato, tanto Atresmedia como TVE se brindaron a acoger un debate en las condiciones establecidas por la JEC, una solución a la que podría haberse llegado sin pasar antes por una serie de maniobras perfectamente previsibles y evitables. Finalmente, Pedro Sánchez se decantó ayer por la oferta de RTVE, que ofrecerá la señal a todas las televisiones y que tiene la lógica de emitirse desde un medio de comunicación público. El candidato socialista dejó de lado la oferta de la cadena privada. Sin embargo, Atresmedia contraataca programando su debate, esta vez «a cuatro», en la fecha prevista, el 23 de abril, y asegura que los líderes del PP, Pablo Casado; de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera, confirman su asistencia. TVE, que inicialmente propuso el día 22, barajaba ayer también el 23, con lo que podría producirse un choque entre televisiones y candidatos de coincidir las fechas. De momento, se presiona sobre Pedro Sánchez para que acuda a ambos encuentros.

El conflicto, antes larvado por el descontento del medio público al ser descartado por Sánchez, aflora con toda claridad. Al tiempo, Pablo Casado sigue reclamando sin éxito ese «cara a cara» con Sánchez que tiene pocos visos de llegar a producirse. Parece que la inusitada tensión de esta campaña está teniendo capacidad para trasladar situaciones de conflicto a todo lo relacionado con ella. Y asombra que no sea posible, ni seguro, que los electores cuenten con debates bien organizados que les permitan conocer mejor a los candidatos y sus programas. Todo debido a la pertinaz incapacidad de los partidos políticos para concertar una reforma de la ley electoral que estableciese criterios claros, no dependientes de los cambiantes intereses de candidatos y programadores sujetos a la coyuntura de cada convocatoria. Un marco que debería delimitar los espacios de confrontación de ideas que deberían incluirse como oferta ineludible del servicio público y el margen de discrecionalidad al que podrían acogerse las televisiones privadas.