El tripartito andaluz lo dejó claro desde un primer momento: el feminismo es un enemigo. Para la derecha, y en este caso no caben adjetivos que la centren, los colectivos feministas representan una amenaza porque ponen en cuestión el orden establecido y desafían unas jerarquías que durante siglos han mantenido en el poder a los de siempre. El peligro que muchas y sobre todo muchos ven en el feminismo no es otro que la propuesta que plantea de superación de unas estructuras que han servido, y en gran medida todavía sirven, para consolidar una ciudadanía privilegiada, la masculina, y otra devaluada, la de las mujeres. No se trata, como parecen entender algunos, o al menos no solo, de que haya unos poderes más equilibrados desde el punto de vista del sexo de nuestros representantes, sino que lo que se busca es una revisión de las reglas del juego. Y eso, lógicamente, pone muy nerviosos a los que ven peligrar su omnipotencia.

La reciente y sorprendente decisión del Instituto Andaluz de la Mujer mediante la cual quedan fuera de su programa anual de subvenciones la mayor parte de los proyectos presentados por asociaciones de mujeres y colectivos feministas es la prueba más evidente de que el gobierno andaluz ha empezado a cumplir con su programa. La justificación de que son criterios de la Intervención no es más que el argumento perfecto mediante el cual disimular el verdadero sentido de una decisión política, porque no lo olvidemos, en las instituciones democráticas son nuestros representantes los que marcan pautas, establecen prioridades y buscan todos los caminos posibles, incluidos los más técnicos y jurídicos, para hacer realidad sus objetivos. Estoy completamente seguro de que si realmente hubiera habido la voluntad de posibilitar el apoyo a buena parte de los proyectos presentados se habrían encontrado fórmulas posibles. Apoyarse en los argumentos técnicos para tratar de soslayar lo que no es más que una firme voluntad políticas es una ruin maniobra que deja desnudo al emperador. Esta equivocadísima decisión se produce además en un contexto en el que todos los datos que manejamos nos alertan de la urgencia de trabajar por y para la igualdad, contra las violencias machistas, a favor de una educación en la que chicos y chicos entiendan y asuman los valores democráticos. Una monumental tarea que lógicamente las instituciones no pueden realizar por sí solas y para la que necesitan la ayuda esencial de la ciudadanía, de los colectivos ciudadanos, de todos esos cauces que hacen posible que la democracia no sea solo cuestión de votar cada cuatro años a quienes van a gobernarnos. En materia de igualdad de mujeres y hombres ha sido esencial, al menos en nuestra Comunidad Autónoma, la labor permanente y comprometida de cientos de asociaciones que han ido removiendo obstáculos, sembrando conciencias y transmitiendo mensajes emancipadores a lugares, como son por ejemplo los municipios más pequeños, donde lamentablemente no llegan los brazos de la Administración. Ahí está por ejemplo la ejemplar Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres que lleva años, entre otras cosas, llevando a los pueblos de la provincia el aprendizaje político y emocional que supone creer de verdad en la igualdad. Y les puedo asegurar que las mujeres de la Plataforma no viven del cuento, ni se han hecho millonarias gracias a las subvenciones públicas. Al contrario, han empeñado su tiempo, su esfuerzo y su compromiso en una tarea que, en definitiva, tiene que ver con el mundo que les gustaría dejarles a sus hijos y a sus hijas.

Corren malos tiempos para la igualdad, porque estamos asistiendo a una reacción patriarcal que encuentra en la derecha una aliada perfecta con la que construir discursos y políticas reaccionarias. Una derecha que parece tener nostalgia del pasado y que, en el mejor de los casos, solo asume el discurso de la igualdad desde la superficialidad de lo políticamente correcto. El feminismo, sin embargo, mira hacia el futuro, hacia otro mundo posible. Y es esa mirada emancipadora y de largo recorrido la que las actuales políticas del Gobierno andaluz pretenden frenar con el burdo pretexto de que los criterios de la administración están por encima de los horizontes políticos.

* Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba