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El nuevo tablero político

Puigdemont pierde contra el Estado

 

Secesionismo 8 Imagen de la manifestación independentista del pasado martes en Estrasburgo. - AP / JEAN-FRANCOIS BADIAS

El pasado martes, funcionarios de la Sala Segunda del Tribunal Supremo estuvieron pendientes –vía información policial sobre el terreno– de los movimientos de Carles Puigdemont. Si el expresidente de la Generalitat pasaba la frontera desde la localidad alemana de Kehl para unirse en la ciudad francesa de Estrasburgo a los manifestantes que protestaban por su exclusión –y las de Oriol Junqueras y Toni Comín– del Parlamento Europeo, sería inmediatamente detenido y cursada ipso facto una euroorden desde Madrid a la justicia francesa. El político catalán lo sabía y evitó ese arriesgado desplazamiento. Para el Estado español traer a España a Puigdemont, y hacerlo cuanto antes, es una prioridad tanto de orden procesal-penal como político.

El expresidente de la Generalitat libra contra el Estado una refriega con escasas posibilidades de éxito. Puigdemont, sin embargo, es un político imputado por rebelión que dispone de una perseverante evocación de legitimidad en el ámbito del independentismo. De ahí que se imponga electoralmente porque su relato personal (épico) cala en la emotividad colectiva del secesionismo mucho más que el del encarcelamiento preventivo de su competidor Junqueras. Esta potencia política personal preocupa en Madrid en la medida en que erosiona la reputación democrática de España y resulta muy incómoda para la administración de justicia, que registró dos reveses en el 2018 cuando pretendió su extradición.

Sin embargo, en los mentideros de la Villa y Corte, comienza a cundir un cierto optimismo. Desde luego, la designación de Josep Borrell como Alto Representante para la Política Exterior y de Defensa de la Unión Europea (UE) garantiza un severo control diplomático de la narrativa que esgrime el hombre de Waterloo, un dato a valorar con otros, como son los perfiles ideológicos de la nueva presidenta de la Comisión, la alemana Úrsula von der Leyen, y del presidente del Consejo, un liberal valón –Charles Michel–, que ha trajinado mucho con sus vecinos flamencos, que apoyan al expresidente de la Generalitat.

En conjunto, la correlación de fuerzas en la UE no favorece la viabilidad de cualquier pretensión separatista. Más bien al contrario. Ahí está la inadmisión por la Comisión Europea de la denuncia de la ANC para que se abriese un procedimiento contra España por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

A mayor abundamiento, los dos tribunales de jurisdicción europea –el de Estrasburgo y el de Luxemburgo– han dictado hasta cuatro resoluciones adversas a las pretensiones soberanistas. La última ha consistido en la negativa a adoptar medidas cautelares que suspendiesen la imposibilidad de que Puigdemont y Comín se sentasen en el Parlamento de la Unión. En un ejercicio procesalmente audaz, la Sala Segunda del Supremo ha solicitado criterios al Tribunal de Justicia de la UE sobre el alcance de la inmunidad que ampararía a Junqueras (no al expresidente ni a Comín), desafiando el criterio de la fiscalía y de la Abogacía del Estado, que desaconsejaban el trámite.

El tribunal del procés está demostrando una particular seguridad en la plena corrección de su labor jurisdiccional, lo que le permite abrirse a planteamientos jurídicos ajenos muy expuestos. El resultado de momento es que los tres soberanistas electos no han adquirido la condición de europarlamentarios.

La refriega –que no batalla– del político catalán y de su entorno contra el Estado se libra, sobre todo, en el campo internacional. Los datos anteriores apuntan a que, aunque la cuestión catalana se haya incorporado a la conversación europea, no por ello se estarían imponiendo los criterios secesionistas. España está colocando sus peones en la Unión –el liderazgo socialdemócrata de Pedro Sánchez es una baza a tener en cuenta– y logrando decisiones judiciales favorables.

En el circuito estatal ocurre lo mismo: el Tribunal Constitucional acaba de respaldar, con una sola corrección técnica, la aplicación del artículo 155 de la Constitución declarando que la disolución del Parlament de Cataluña fue una medida amparada en ese precepto. El órgano de garantías constitucionales establece, eso sí, el criterio de la excepcionalidad de su activación y la temporalidad de la vigencia de las medidas que se adopten a su amparo.

Fuentes gubernamentales muestran su «convencimiento» de que dos procedimientos en curso terminarán con resoluciones adversas a las pretensiones soberanistas. De una parte, suponen que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulará la apertura de embajadas de la Generalitat en varios países y que las indagaciones del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las de la Generalitat, con particular fruición las que corresponden a la gestión de Puigdemont, terminarán siendo investigadas por la justicia penal, que, así, acumularía más cargos contra él. En círculos socialistas creen observar fisuras serias entre el expresidente y los diputados suspendidos de su partido en el Congreso, que abogan por abstenerse en la investidura de Sánchez.

Guerra al castellano

El error de declarar una suerte de guerra al uso del castellano por parte del nuevo presidente de la Cámara de Barcelona –y antes, aunque con rectificación, por la portavoz del Govern, Meritxell Budó– y el riesgo de que el secesionismo, frustrado por los reveses internacionales, se alinee con un discurso euroescéptico propio de los grupos más reaccionarios se contemplan en Madrid como muy posibles derivas del independentismo, que suscita las mayores desconfianzas.

Mientras, en el PSOE se lamentan de que ante la investidura de Sánchez las derechas no vean esta ventana de oportunidad para disminuir las proporciones del problema político en Cataluña, que justificaría, según el dirigente socialista, la exclusión de una coalición con Unidas Podemos.