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CAUSA POR REBELIÓN

El procesamiento de un Junqueras preso, suficiente para suspenderle como diputado

La ley prevé la suspensión de un cargo público sin necesidad de sentencia para organizaciones terroristas o rebeldes. Afecta directamente a Junqueras y Sànchez, los únicos diputados electos que siguen encarcelados

 

Dos detenidos en Tarragona por mensajes de odio contra la Policia y la Guardia Civil el 1-O. - EMILIO NARANJO (EFE)

ÁNGELES VÁZQUEZ
31/01/2018

Afortunadamente los procedimientos por el delito de rebelión no son habituales. Por eso el que tiene entre manos el Tribunal Supremo obliga a repasar continuamente unos artículos legales que no son los que se está acostumbrado a consultar. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la suspensión de "función o cargo público" de los procesados en firme por terrorismo o rebelión mientras se encuentren en prisión. Eso significa que si el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el diputado electo Jordi Sànchez siguen en la cárcel para cuando el juez Pablo Llarena dicte el auto de procesamiento perderán su condición de diputados catalanes.

La intención de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es concluir en un tiempo récord la instrucción de las querellas por rebelión, sedición y malversación interpuestas el 30 de octubre del año pasado contra el Govern de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament que propició la votación de la declaración unilateral de independencia. El límite de instrucción está fijado en seis meses, salvo para las causas complejas en las que se amplía a 18 prorrogables. Si todo va como está previsto y ninguna diligencia de investigación obliga a retrasarlo, como podría ocurrir con algunos informes económicos encargados, el juez Llarena podría dar concluida la instrucción y dictar el auto de procesamiento correspondiente a finales de abril.

Puigdemont
Según la Ley de Enjuciamiento Criminal, en los casos de "terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dura la prisión de prisión". Es decir, que si Llarena concluye su investigación considerando cometido el delito de rebelión -dirección en la que apunta en todas sus resoluciones-, su resolución es confirmada por la Sala de Apelaciones del alto tribunal -como ha hecho hasta ahora- y para entonces Sànchez y Junqueras siguen en prisión, serán suspendidos automáticamente como diputados del Parlament. El caso de Puigdemont dependerá de si para entonces se encuentra a disposición de la justicia española, circunstancia que como demuestra su huida a Bélgica trata de evitar a toda costa.

El reglamento del Parlament también prevé la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios en su artículo 25 ante un auto firme "de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta, dada la naturaleza de los hechos imputados". En el siguiente apartado prevé la suspensión por acuerdo del pleno si han sido condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que imposibilite su asistencia a las sesiones plenarias.

El juez Llarena aún tiene pendiente de resolver la última petición de libertad que formuló Sànchez, tras declarar ante él el pasado 11 de enero, junto con el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn. Ambos renunciaron expresa y contundentemente a las vías unilaterales para conseguir la independencia de Cataluña