La Audiencia Nacional ha modificado la composición del tribunal que ha de juzgar el caso de la presunta caja B del PP. De este modo, deja fuera del mismo a dos de los magistrados que juzgaron la primera etapa del caso Gürtel, Ángel Hurtado y Julio de Diego, siendo este último uno de los que votó a favor de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prestara declaración. El otro que forzó la comparecencia como testigo del jefe del Ejecutivo, José Ricardo de Prada, permanece en el tribunal.

Los cinco magistrados que forman parte de la Sala de Gobierno de la Audiencia, entre los que se encuentra el presidente del tribunal, José Ramón Navarro, aprobaron el pasado 20 de noviembre por unanimidad las nuevas normas de reparto presentadas por la nueva presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, María José Rodríguez Duplá.

Fuentes de la Audiencia informaron de que, tras el nombramiento de Rodríguez Duplá, en sustitución de Concepción Espejel -que ascendió a la presidencia de la Sala de lo Penal-, la ley le permite presidir los tribunales y, con ello, cambiar las normas de reparto. Por ello, Duplá presentó las nuevas normas que le permitirán formar parte del tribunal que juzgará este caso de corrupción. Unas normas que ahora ha aprobado la Audiencia Nacional.

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE

Esto conlleva la ruptura del tribunal que tenía previsto juzgar la causa, el mismo que se encargó de enjuiciar la primera época del caso Gürtel, compuesto por Hurtado, De Diego y De Prada. Los votos de estos dos últimos hicieron que Rajoy declarara como testigo en el juicio, hecho inédito hasta ese momento. Ahora, Hurtado y De Diego han quedado fuera del tribunal, en tanto que De Prada, de talante progresista, seguirá formando parte del mismo junto a los conservadores Rodríguez Duplá y Juan Pablo González.

Tanto De Diego como De Prada presentaron sendos escritos ante la Sala de Gobierno en los que solicitaban el desestimiento de las nuevas normas y reclamaban otros criterios de composición «que garanticen la permanencia de los tribunales en procedimientos especialmente sensibles como el señalado».

Sin embargo, la Sala de Gobierno desechó las quejas de ambos magistrados al alegar que «no cabe establecer dos modelos de composición de tribunales», dependiendo de si son causas de especial sensibilidad o no, porque la ley no lo contempla y porque «no hay modo de establecer criterios objetivos que permitan distinguir entre causas sensibles y ordinarias». A juicio de la sala, no se puede «blindar la composición de tribunales cuando cambien los componentes de la sección debido a nuevas incorporaciones», en tanto que la composición de las secciones «varía necesariamente en el tiempo porque se producen ceses por diversas causas». Y considera además «necesaria» la recomposición de los tribunales cuando se producen variaciones entre sus componentes, pues, de lo contrario «se petrificarían los tribunales y se haría imposible un reparto equilibrado y objetivo del trabajo».

El juicio por la caja B del PP en relación con el pago en negro de las obras de su sede nacional, en el que el partido figura como responsable civil directo y donde están acusados los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez, está pendiente de fecha.

LA COMISIÓN

Por otro lado, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, tres de cuyos miembros integran el tribunal que ha juzgado la primera etapa de la actividad de la red de corrupción Gürtel, ha denegado el traslado a la Comisión del Congreso que investiga posible financiación irregular del PP determinados documentos que este órgano había solicitado, por tratarse de asuntos que aún se están investigando. La decisión se ha adoptado por cuatro votos a uno. El Juzgado Central de lo Penal que juzgará la financiación del PP en Valencia también ha rechazado entregar los autos al estar pendiente el juicio.

Solo se aportarán las resoluciones judiciales que se le soliciten y se rechaza entregar informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estado (IGAE) que habían sido pedidos por los diputados.