Miles de personas, 80.000 según la Guardia Urbana, salieron ayer a la calle para hacer oír su voz contra el procés en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana, a la que sumaron dirigentes del PSOE, PP, Ciudadanos y de otras entidades y plataformas políticas. Fue la segunda manifestación del fin de semana después de la que el sábado celebró el independentismo contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS). Dos marchas de signo contrario, ambas multitudinarias (la independentista más que la constitucionalista), que reflejan la polarización de la sociedad catalana. Ambas, además, dentro de sus parámetros, mostraron cierto estancamiento en su capacidad de convocatoria, pues las cifras de asistentes quedaron lejos de otras manifestaciones.
Las guerras de cifras son estériles. No aporta nada a la resolución del conflicto medir las fuerzas a base de manifestantes. Dirimir quién tiene la hegemonía en la calle no solucionará un problema que es eminentemente político. Las protestas recogen el pulso social, pero la verdadera radiografía política, que incluye a quienes no salen a manifestarse, solo la dan las urnas. En dos semanas habrá una oportunidad para medir la voluntad popular, en las elecciones generales del 10-N, que deberían poner fin a una situación de bloqueo político. El resultado de estos comicios marcará cuál será la estrategia del futuro Gobierno respecto al independentismo, que puede ser muy distinta en función de quien se aloje en La Moncloa.
