El accidente de un avión Boeing en Etiopía en el que murieron 157 personas ha levantado suficientes sospechas en torno a la seguridad del aparato siniestrado como para que más de 40 países hayan vetado en su espacio aéreo las operaciones del modelo en cuestión (Boeing 737 Max 8) así como del 737 Max 9. Es una decisión sensata, pues las causas del accidente aún no se han esclarecido y cinco meses antes otro avión del mismo modelo se estrelló en Indonesia, causando 189 muertos, lo que lleva a pensar en un posible problema técnico. Entre los países que antes paralizaron los vuelos se encuentran los de la UE y China, un mercado estratégico para Boeing. Aunque EEUU inicialmente se desmarcó del veto mundial, Donald Trump rectificó al cabo de 24 horas y ordenó la suspensión de todos los vuelos de 737 Max. Un cambio que se produjo después del estupor generado en EEUU, con destacados senadores exigiendo una investigación y medidas preventivas. La defensa férrea de la compañía se le ha vuelto en contra a Trump. Y es que el argumento inicial de la autoridad de aviación estadounidense --que no había razones para impedir la navegación de los aparatos afectados-- estaba envuelto de sombras por la estrecha relación entre Trump y el consejero delegado de Boeing, Dennis Muilenburg. Boeing donó un millón de dólares para la toma de posesión de Trump, y hay sonoros casos de puertas giratorias entre la Administración estadounidense y la compañía. Boeing afronta una crisis de reputación colosal y graves pérdidas, pero sería de gravísima irresponsabilidad anteponer los negocios a la seguridad de los ciudadanos.
