La Corporación local celebró ayer un pleno lihgt, sin mociones, que enfila la recta final del mandato con apenas asuntos de gestión. Solo se aprobó por mayoría y la abstención de PP y UCOR el segundo plan transversal de género, un documento con 140 medidas, que tendrá vigencia hasta 2022 y una dotación presupuestaria de 300.000 euros para este año. En declaraciones previas al pleno, la concejala Amparo Pernichi (IU) defendió que el plan trata de buscar que «la justicia social nos lleve a la igualdad efectiva», y llamó a implementar esas 140 medidas para hacerlo una realidad. La concejala de Ganemos Vicky López, por su parte, reiteró su alegría por la aprobación del documento y expresó su incomprensión a que haya partidos que no lo quieran aprobar. «Creo que no hay razones para votar en contra de la igualdad», dijo la edil.

PP y UCOR llamaron la atención sobre la tardanza en la aprobación del plan de género, a escasos dos meses de las municipales, criticando además la ejecución del anterior. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, arremetió contra la alcaldesa por envolverse «en la bandera del 8-M» aprobándolo «un cuarto de hora antes del fin del mandato»; mientras que David Dorado (Cs), aunque votó a favor, lo consideró «falto de contenido y tardío».

El pleno no incluyó ninguna moción, aunque sí una amplia batería de ruegos y preguntas orales de la oposición al gobierno municipal, que incluyeron temas como las protestas por el alumbrado del centro o la licencia para las obras de la segunda fase del Palacio de Congresos. Además, PP, Ciudadanos y Ganemos coincidieron en exigir de nuevo la retirada del pliego para la contratación de un servicio externo para la recaudación ejecutiva de los tributos municipales, después de que el CREA haya paralizado la licitación al haber recurrido una empresa.

Por otra parte, la concejala Blanca Córdoba, del PP, tomó posesión de su acta en sustitución de María Jesús Botella, la edil que hace unas semanas fue nombrada nueva delegada de Salud de la Junta en Córdoba.

Además, los grupos aprobaron una declaración institucional en apoyo a la Iglesia Evangélica. En el pleno también se produjo el desalojo pacífico de una mujer que reclamó una vivienda para ella y sus dos hijos.