El empresario y exconcejal de Unión Cordobesa Rafael Gómez ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar que se anule la sentencia que le ha condenado a cinco años y tres meses de prisión, y a una multa de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones, la misma cantidad en la que se ha fijado la indemnización a esta entidad. El recurso ya ha sido registrado y se han iniciado los trámites habituales, previos a la decisión sobre admisión o inadmisión a trámite.

En esta línea, distintas voces señalan que, usualmente, el Constitucional tarda alrededor de un mes en resolver si un recurso es admitido, pero temen que el conflicto en Cataluña pueda afectar a los plazos.

Rafael Gómez solicitó un aplazamiento de la ejecución de su sentencia hasta que este tribunal decida sobre el caso (lo que sucederá si finalmente lo admite) y este proceso duraría en torno a un año. No obstante, fuentes próximas indican que el juzgado de lo Penal número 3 no se ha pronunciado todavía sobre la petición, por lo que el empresario también solicitó una prórroga para posponer la fecha de su entrada en prisión. Esta fue concedida y finalizará en torno al 5 de noviembre.

Estas mismas voces han indicado que, si no hay noticias sobre el aplazamiento, previsiblemente se pedirá una nueva prórroga para dar tiempo a que se produzca algún paso que aleje a Gómez de la cárcel. También han apuntado a la concesión de más plazo por parte del juez como un motivo de «cierta esperanza» ante la posibilidad de que no se ejecute la sentencia hasta que el Constitucional emita su fallo.

A partir de este momento, existen tres posibilidades: que el juez no conceda otra ampliación de plazo y se ejecute la sentencia, con lo que entraría en prisión a principios de noviembre; que se produzcan nuevas prórrogas hasta conocer si es admitido a trámite el recurso de amparo, o que se paralice la ejecución de la sentencia hasta que el Constitucional decida sobre el proceso.

En defensa de esta última opción, las mismas fuentes han destacado la dificultad de resarcir a Rafael Gómez en caso de que ingrese en prisión y, dentro de un año, el tribunal llegase a anular la sentencia.