¿Despedir o esperar? Ese es el dilema que tienen algunas empresas que, ante la mala situación que atraviesan, se plantean no agotar los seis meses en los que no deben despedir a trabajadores a los que han aplicado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y devolver las bonificaciones. En Córdoba esto apenas se da pero empieza a haber casos.
Al director del área jurídico-laboral de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Arroyo, no le consta que esté ocurriendo, al igual que a la Delegación territorial de Empleo de la Junta. En cuanto al SEPE y la Inspección de Trabajo, fuentes de la Subdelegación aseguran que no hay ningún expediente abierto, ya que no ha transcurrido el tiempo suficiente. En el caso de que se produzcan, la Inspección realizará una liquidación, y no una sanción, para compensar lo bonificado. De momento, y por regla general, "las empresas están cumpliendo su compromiso2 de no despedir, señalan estas fuentes.
En CCOO no tienen constancia de ningún caso, aunque no descartan que haya. Al secretario de Acción Sindical de UGT, Jaime Sarmiento, tampoco le consta que haya empresas "dispuestas a devolver los importes de las ayudas por ERTE", aunque "hay compañías que están valorando no pedir un segundo expediente para no estar sometidas a la regulación que les impide despedir en 6 meses". En este sentido, añade, "son comunes las consultas sobre medidas para flexibilizar las condiciones laborales" en materia de jornadas o contratación por la caída de la actividad y de los ingresos.
Sarmiento explica que “los ERTE han sido el paraguas para proteger a trabajadores y empresas azotadas por esta crisis, pero no podemos olvidar que son una herramienta cuyo fin último es el mantenimiento del empleo”. El sindicalista señala que “hay empresas, sobre todo de algunos sectores, que lo están pasando mal y que tienen problemas para sobrevivir, por eso estamos llegando a acuerdos para que se pongan en marcha ayudas destinadas a los autónomos y al mantenimiento de los puestos de trabajo”. El sindicalista asegura que UGT no va a permitir que “algunos empresarios aprovechen esta delicada coyuntura -como ya hicieron en 2008- para aumentar sus beneficios a costa de reducir, exclusivamente, los costes laborales y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.
Entre los especialistas consultados hay situaciones dispares. El abogado Fernando Guillaume asegura que "sí, desgraciadamente, está ocurriendo" y su despacho está asesorando tanto a empresas como a trabajadores a los que les extinguen el contrato a pesar de haber estado en ERTE. La empresa, afirma, "ante la imposibilidad de continuar", compara "lo que le supone devolver la bonificación de la cotización" con "mantener por un tiempo incierto un puesto de trabajo" y, "haciendo números, la alternativa es el despido". Además, añade, hay empresas, principalmente sociedades, en las que el "hecho de despedir, no es que se valore", sino que "están pegando el cerrojazo" y no tienen posibilidad de subsistir porque la actividad ha cesado. Hay casos, por tanto, en los que mantener a un trabajador resulta más caro, a pesar de tener que pagar una indemnización por despido improcedente y devolver las bonificaciones, pagos que no se han de hacer de inmediato. Se trata, señala, de "actuaciones a la desesperada".
El abogado Juan Luis González Galilea explica que no conoce casos de devolución de las cuotas sociales aunque sí se están produciendo numerosas consultas de "empresas que preguntan cómo respetar esa prescripción legal", que empieza a contar desde que se rescata al trabajador del ERTE, y "cuidan mucho de no incumplirla". Según indica, "hay mucha preocupación e incertidumbre" y se está a la espera, "más que de legislaciones, de decisiones empresariales motivadas por las restricciones de movilidad y de aforos".
Para el letrado Francisco Gordón, "es más una leyenda urbana" y "lo que sí sucede es que muchas empresas no se han acogido a nuevos ERTE por evitar que se extienda más la prohibición del despido en seis meses". Esa devolución, afirma, "es más un brindis al sol" y "no pasa, y menos cuando para un porcentaje elevado ahora es cuando vence el plazo".
Gordón indica que las empresas se ven con una doble tesitura. Por un lado, si se acogen a un ERTE por fuerza mayor, tienen bonificaciones a la Seguridad Social pero están obligadas a mantener el empleo durante seis meses. El problema se da en sectores como la hostelería, donde ahora vienen meses más flojos, por lo que “no tiene sentido que se queden cargadas de empleados con la obligación de mantenerlos” y las empresas optan por otro tipo de expediente, el de causas económicas. Por otro lado, una empresa “sin ERTE no puede despedir procedentemente por motivos del covid”, ya que "sigue en vigor desde marzo que todo despido a causa del coronavirus es improcedente". La “realidad”, por tanto, no es la devolución de bonificaciones, sino que las empresas “prefieren esperar o despedir improcedentemente”, asevera. Su opinión es que “se está aguantando el empleo artificialmente a través de prohibiciones pero cuando esto acabe, vendrá la avalancha”.
En cambio, Pedro González Gil afirma que la devolución está ocurriendo, aunque no en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, a las que no les compensa, porque no tienen liquidez, sino en el de las grandes. Las pymes, añade, prefieren "aguantar" a que pasen los seis meses, pero "a las más grandes" les "sale más rentable la devolución y los despidos".
Eva Jiménez, de Tena Agobados, indica que "las empresas aguantan como pueden" y, "si despiden, porque no pueden resistir, asumen la devolución". Esa devolución tendría que ser "la de marzo y abril, meses en los que no se pagaron las cotizaciones, y los porcentajes de las del resto, con recargo e intereses", explica.
En cambio, Juan Carlos Ropero, de Lexfor Agobados, ve difícil que las empresas prefieran perder las bonificaciones y "si lo hacen, es porque están cerca de la quiebra".
