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REPORTAJE

Consejo de guerra en Córdoba

Julio Guijarro lleva siete años escudriñando la maraña judicial franquista para recuperar el nombre en la historia de personas de los dos bandos que fueron objeto de un proceso sumario en la provincia, donde ya ha seguido la pista de 10.000 represaliados

 

Francisco Franco, durante una visita a Córdoba, en 1961. - RICARDO

I. Marzo / P. Cobos
14/10/2019

Me doy por enterado. La justicia militar en Córdoba (1936-56) es el segundo avance que Julio Guijarro ha hecho a partir de su exhaustivo trabajo de localización y descripción archivística de los consejos de guerra abiertos en la provincia de Córdoba desde el año 1936. Este artículo que abarca solo hasta la segunda mitad de la década de los 50 --y que se puede encontrar íntegro en la web todoslosnombres.org- alcanza ya la cifra de 5.165 procedimientos, en los que fueron acusados 9.180 personas en Córdoba (448 del bando franquista), de los que casi el 80% eran de la provincia y el 9,4% mujeres.

Guijarro lleva más de 7 años rastreando datos en los archivos para averiguar cuál fue el destino de miles de personas de los dos bandos tras el estallido de la Guerra Civil en Córdoba. «No soy historiador. Me limito a describir procedimientos judiciales de los dos bandos. Si hay un guardia civil que mata la guerrilla, lo incluyo», comenta este archivero sevillano vinculado sentimentalmente con Córdoba.

Con la desaparición de la oficina de memoria de la Junta, su labor se ha hecho más necesaria. «Esto lo hago porque la sociedad civil tiene que hacer cosas que no hace la administración, y cada mes recibo consultas de varias personas que buscan el paradero de algún familiar al que le perdieron el rastro», explica Julio Guijarro, que participó en el proceso de estudio de las fosas del cementerio de la Salud, cuyo informe continúa esperando los familiares. «Hay muchísimos desaparecidos de los que las familias siguen sin saber su paradero», recuerda.

«Todo el mundo me dice que estoy loco, pero creo que en Córdoba se produjo una de las mayores represiones judiciales de la provincia», apunta Guijarro, que recuerda que la guerra estuvo activa en el frente del norte de la provincia casi hasta el final, que hubo resistencia activa en Castro y Baena (solo en esta localidad durante las horas trágicas del golpe se abre un sumario con 229 personas, de las que 179 de ambos bandos resultaron muertas) y que la guerra «empalmó con el maquis».

La mayor represión judicial militar se registró en la capital (se cree que hubo entre 4.000 y 5.000 ejecutados) y las comarcas de Los Pedroches, el Alto Guadalquivir y el Valle del Guadalquivir.

INVESTIGACIÓN / Para hacer su trabajo, Guijarro ha investigado en el Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba y el Archivo Municipal. Analizar esta información requiere, no solo la habilidad de un buen archivero, sino la pericia de quien lleva años investigando esta causa y se ha familiarizado con el lenguaje judicial del franquismo. Guijarro deja constancia en su artículo de que la documentación de la Prisión Provincial de Córdoba sigue sin haberse transferido al Archivo Histórico Provincial --«la falta de medios no es una excusa», apunta--, y añade a esta carencia la ausencia de todos los archivos de la Guardia Civil relativos a los consejos de guerra.

En las tablas que ha elaborado Guijarro se recogen, por ejemplo, las plazas más significativas de celebración de vistas en consejos de guerra en la provincia, como Córdoba, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva de Córdoba, Hinojosa, Castro, Bujalance, Belmez, Fuente Obejuna, Montoro, Belalcázar y Palma. Solo en esos lugares se celebraron 3.981 consejos, de los que el 35% concluyeron con condena de muerte y otro 34% con condena de prisión. Asimismo, el trabajo recoge los indultos y las conmutaciones de pena que se concedieron a partir del 38, cuando se puso en marcha el Patronato para la redención de penas por el trabajo, y en el 39, las Colonias penitenciarias militarizadas.

En este sentido, el artículo describe «el amplio abanico del universo carcelario» en la provincia, con numerosas cárceles (como las del cuartel del Marrubial, la calle Armas, el Alcázar o la cárcel de Fátima) y campos de concentración de prisioneros (como los de Córdoba la Vieja o el refugio de San Cayetano, en las Ollerías, por citar solo los de la capital). Así como las numerosas muertes registradas en estos recintos, la mayoría por falta de alimento y enfermedades. «Muchos prisioneros presentan signos evidentes de descomposición», explica Guijarro a partir de las actas de defunción estudiadas.

CONDUCTAS / Además de investigar los hechos violentos posteriores al 18 de julio, «la justicia militar franquista perseguirá -y dejará constancia en su burocracia- con especial énfasis las conductas sociales y morales (asistencia o no a misa, casado por lo civil, amancebado...), su incorporación al Ejército español como voluntarios, su participación en los días posteriores al golpe de España como milicianos», recoge Guijarro.

La mayoría de los encartados en la provincia eran afiliados a la CNT o a la UGT, confirmándose un mayor peso del socialismo, sobre todo en las zonas industriales, mientras que el anarcosindicalismo tuvo mayor presencia en Almodóvar, Baena, Bujalance o Castro. En cuanto a la afiliación política, hay mayor presencia de ideologías próximas al Partido Comunista.

Por último, se describe cómo eran los procedimientos judiciales y cómo recogen los propios sumarios una serie de oficios confidenciales y reservados que «el auditor intercambiaba con el alcalde de la vecindad del procesado». Así, una vez recibido el fallo del consejo de guerra con la propuesta de sentencia de muerte, y previo a la emisión del decreto, «el auditor consultaba a los alcaldes, incluso a los responsables de Falange en los municipios, solicitando opinión sobre si el vecino era merecedor de la pena impuesta». A partir de esos informes de los alcaldes (sin competencia jurisdiccional y ajenos a la tramitación del sumario), el auditor de Córdoba emitía su informe al capitán general confirmando la sentencia, y este a su vez hacía lo propio.

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