Amparo y Jorge han visto por fin la luz al final del túnel. Tras año y medio esperando la firma de un alquiler social acordado en septiembre del 2017, ayer se hizo real. «Hemos pasado meses muy duros, apiñados todos en casa de mis padres», explica Amparo, que no pudo esperar para enseñar el piso a sus dos hijos nada más tener las llaves. «Hoy estamos como si nos hubiera tocado la lotería, el piso no tiene ni persianas, pero por fin tenemos un techo». Su historia empezó en el 2016, cuando firmaron una dación en pago que los dejó en la calle y sin recursos de un día para otro. Obligados a dejar un piso porque no podían afrontar el arrendamiento, su caso llegó a la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), que negoció un alquiler social con la misma entidad que se quedó su piso, tramitado a través del Fondo Social de Vivienda Estatal. En 2017, les fue concedida una vivienda por 66 euros mensuales, pero el contrato no se ha firmado hasta ahora, tras un largo proceso lleno de altibajos. La espera ha merecido la pena. De haber firmado en el 2017, hubiera sido para 2+1 años, sin embargo, la entrada en vigor el 5 de marzo de la nueva ley de vivienda y alquiler, ha dado un giro a la historia, ya que siendo el propietario un banco y no un particular, está obligado a alquilar por un mínimo de 7+3 años. Rafael Cidres, presidente de Anfane, mostraba ayer su satisfacción: «Es el primero que firmamos desde el 5 de marzo y estamos muy contentos, ya que dará un margen de 10 años a las familias para reponerse de su situación laboral y económica».
