La comisión de periferia, en la que está el Consejo del Movimiento Ciudadano, los consejos de distrito de las barriadas, Al-Zahara y colectivos de parcelistas, ha mantenido una reunión en la que ha decidido presentar una moción encaminada a lograr la revisión de los niveles de protección del suelo de las parcelaciones. La comisión enviará la moción a cada uno de los grupos municipales en los próximos días con el fin de que la lleven al próximo pleno. Con ella, la comisión pretende que el Pleno acuerde antes de que acabe el año el inicio de la modificación de PGOU necesaria para que gran parte de los asentamientos existentes en suelo no urbanizable y las viviendas aisladas levantadas en ese tipo de terreno puedan aspirar al adelanto de servicios básicos, ya sea a través de su incorporación al planeamiento o por el Asimilado al Fuera de Ordenación (en el caso de las casas aisladas). Con el nivel de protección existente en la Sierra y en la Vega, el 80% de las 4.419 casas ilegales inventariadas en suelo no urbanizable no pueden lograr servicios.

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, considera que «el Ayuntamiento debe asumir el protagonismo para abrir la puerta a otras parcelaciones» y hacerlo de manera «urgente», ya que la futura ley urbanística de la Junta está ahora mismo en el aire. La comisión se reunió en octubre con los grupos municipales para transmitirles sus demandas y les dio un plazo de tiempo para que presentaran propuestas de cara a la revisión del PGOU, medida que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, también se comprometió a impulsar hace unos meses.

Por otro lado, la comisión tiene previsto reunirse con parcelaciones que tienen avanzado el proceso de regularización y que han optado por el adelanto de servicios que permite la modificación de la LOUA aprobada por el Parlamento en abril. Este es el caso de Torreblanca, El Sol, Alamillo o Cuevas de Altázar, que han mostrado interés por la posibilidad que brinda esa reforma y que intentan solventar cuestiones técnicas. Según De Gracia, la comisión quiere que tengan «un impulso» definitivo.

Otra de sus exigencias es la constitución de la mesa del río antes de fin de año y reclamar un acuerdo entre la Confederación Hidrográfica y Urbanismo sobre los informes de inundabilidad. Por último, Al-Zahara pondrá en marcha un servicio técnico destinado a las parcelaciones.