La abogada Isabel Palacios, como portavoz de la comisión Penitenciaria del Colegio de Abogados, señaló ayer a este periódico que la citada comisión desconocía que se estuviera llevando a cabo el polémico estudio, pero reconoce que no es preceptivo que les informen en este tipo de trabajos. Aún así, indicó que a la comisión «le resulta chocante» el hecho de que esta prueba para medir la violencia se haga solo con reclusos, que son mucho más sensibles, y no con personas en libertad. Además, dice que esperan que los reclusos participantes lo hicieran voluntariamente y estuvieran informados de los posibles efectos secundarios y a cambio de qué se prestaban.
Otro colectivo que también ha señalado a este periódico no estar informado de que se estaba llevando a cabo este estudio es el de los funcionarios. Fuentes sindicales consultadas por CÓRDOBA han indicado que se han enterado del proyecto y de su paralización por los medios de comunicación.
