El Parlamento abre la puerta a suprimir los aforamientos políticos

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, mostró su «orgullo» por defender esta iniciativa que es «una obligación moral con los andaluces» y que «debía estar aprobada hace tres años», ya que figuraba en el pacto de investidura con el PSOE en la pasada legislatura, que Cs rompió precisamente por este incumplimiento.

Preguntó a los socialistas si «tienen miedo» de suprimir lo que considera un «privilegio» y les acusó de haber pasado tres años «encerrados en el inmovilismo», además de lamentar que pidieran una reforma «más profunda» para negarse a acometerla: «Esto es modificar cuatro artículos y se llama democracia», sentenció. «Andalucía ha esperado mucho tiempo, el momento de regenerarse es hoy», espetó Romero, para quien suprimir los aforamientos «evitará que los vicios se asienten», algo en lo que coincide con el portavoz del PP, Toni Martín, que cree que esta «no es la panacea para solucionar la corrupción, pero puede serlo si se suma a otras medidas de regeneración que ya se están poniendo en marcha».

Mario Jiménez (PSOE) se mostró de acuerdo con la supresión de los aforamientos, pero sostuvo que el Estatuto «es sagrado y necesita del acuerdo de todos», para criticar que no se haya posibilitado un debate previo y acusar a PP y Cs de «monopolizar la reforma, lo que no ha ocurrido jamás».

REBAJAS FISCALES / El pleno de ayer del Parlamento andaluz convalidó también el decreto ley de medidas de rebaja fiscal con el apoyo del PP, Ciudadanos y Vox, mientras que se opusieron el PSOE y Adelante Andalucía, que a su vez pidieron su tramitación como proyecto de ley, pero fue rechazado. El consejero Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, garantizó que el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos «demostrará que es posible bajar impuestos y reforzar las políticas de sanidad, dependencia y educación» y aseguro que «dejar en manos de las familias más recursos impulsa la economía y el empleo”.

Defendió este modelo frente al «infierno fiscal» que aplicó el PSOE durante sus 37 años de gobierno en Andalucía y que «no ha servido» para impulsar la convergencia con España, con un PIB per capita un 26% inferior, ni para reducir el desempleo, con una tasa del 21%, seis puntos más que la media, entre otros indicadores. Además, la «elevada» fiscalidad en Andalucía ha creado “agravios a los emprendedores, pensionistas, autónomos y trabajadores, que pagan más impuestos que el resto de los españoles solo por vivir en esta región», lamentó el consejero de Hacienda.

El diputado socialista Antonio Ramírez de Arellano rechazó la rebaja fiscal a «las rentas más elevadas y a las herencias y donaciones más altas» frente a la que promovieron los socialistas que «benefició a las clases medias». En representación de Adelante Andalucía José Luis Cano se quejó de que estas medidas harán un «agujero a las cuentas de 310 millones, que sumado a los recortes de impuestos del PSOE se elevan a 630 millones en ocho años» y reprochó al consejero su «temeridad e insensatez por presentar los impuestos como una carga».

INFRAVIVIENDA / Por último, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (PP), criticó ayer la política de «vender humo» del anterior Gobierno del PSOE respecto a la infravivienda porque desde 2016 no invirtió «ni un euro» de los 18 millones previstos. En una comparecencia en el Parlamento a petición propia para informar sobre el nivel de ejecución del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, Carazo explicó, además, que a 31 de diciembre de 2018 había 68.537 demandantes de viviendas protegidas. La consejera dijo que el plan de la vivienda puesto en marcha en 2016 tenía previsto elaborar un mapa urbano de la infravivienda que está sin hacer, y señaló que se llegó a realizar un pliego para la licitación de este plan por 300.000 euros, «que fue devuelto por defectos tramitación».