El consejero andaluz de Empleo, Javier Carnero, negó ayer que hubiese «faltado a la verdad» al no revelar los extractos de la tarjeta black de la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe) que se usó en un club de alterne y ha alegado que la ley impide dar esa información, informa Efe. «El detalle de los extractos de la tarjeta es reservado según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario serán reservadas hasta que se abra el juicio oral», recalcó el consejero en una comparecencia ante la comisión parlamentaria de Empleo, a petición del PP y el PSOE. La Junta de Andalucía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 6 una nueva declaración del que fuera director general de la fundación, Fernando Villén Rueda, una vez que ha remitido la documentación solicitada al mismo y podría contener hechos con carácter presuntamente delictivos, como «malversación y/o apropiación indebida», explicó Carnero.

El consejero compareció para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del dictamen de la comisión de investigación sobre las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación. Sin embargo, gran parte de la comparecencia se centró en la utilización de una tarjeta black en un club de alterne con un gasto superior a los 14.000 euros en una noche, el 22 de marzo de 2010, día en que se anunció el cese del consejero de Empleo Antonio Fernández, responsable político de la Faffe, según denunció esta semana el PP. «Este consejero no ha ocultado información, ha sido la Junta quien ha trasladado (los extractos de la tarjeta) al juzgado por los cauces necesarios», insistió.

La portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero, consideró que el consejero ha perdido «una gran oportunidad» para explicar lo sucedido con la tarjeta black y le acusó de «faltar a la verdad» por no haber ofrecido dichos datos durante su última comparecencia, el pasado 12 de junio. «Está ya desacreditado y, por extensión, lo está todo el Gobierno andaluz», sentenció la diputada. Sillero denunció que sendas auditorías alertan de falta de documentación.