La Junta de Andalucía reclamó ayer al Gobierno central 800 millones de euros de partidas de ayudas a la formación profesional para el empleo a parados que no han sido convocadas desde 2012 tras la judicialización de la causa. «No nos han llegado 800 millones porque no ha habido formación, pero es un dinero que corresponde a Andalucía. Hemos estado preguntando dónde están: ¿se han gastado? ¿se han devuelto? ¿dónde están?», se preguntó el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, en una rueda de prensa en Málaga.
Sánchez Maldonado exigió que «esos 800 millones se gasten en Andalucía, bien que los gaste el Gobierno, bien que nos los den para que los gastemos nosotros. Es una total falacia decir que hemos devuelto dinero de la formación. No se ha devuelto ni un solo euro». Al no haber formación en Andalucía por la investigación de las supuestas irregularidades, «no ha llegado el dinero. Nadie nos da respuesta y llevamos preguntando en el último año y medio. Si lo hubiéramos devuelto, pues ya está, pero resulta que no lo hemos hecho porque no nos ha llegado».
«Es dinero de los andaluces, que no tienen por qué pagar las consecuencias de las causas judicializadas de las políticas de formación que se han hecho de los programas de formación en Andalucía, culpando de ello de la Administración», añadió.
MENOSCABO DE FONDOS / La comisión de investigación de los cursos de formación subvencionados por la Junta entre los años 2002 y 2012 ha demostrado que «ni hubo menoscabo ni malversación de fondos públicos. Se llevó a lo penal lo que era de ámbito estrictamente administrativo», señaló el consejero.
La formación para desempleados «se va a poner en marcha, ya están totalmente fiscalizadas las convocatorias que se han hecho y a partir de la semana que viene empezaremos a pagar y a solucionar los problemas administrativos cuando haya algún tipo de problema que haga inviable el pago en el corto plazo», matizó.
Sánchez Maldonado dijo que la bajada de los fondos en esta comunidad para políticas activas de empleo «no tiene ninguna justificación salvo la justificación política de castigar a Andalucía». El consejero indicó que «la asignación que se ha hecho a Andalucía -según comunicaron el martes en Madrid-, es consecuencia de unos criterios objetivos, de una fórmula matemática que se utiliza con indicadores de rendimiento de las políticas activas de empleo y que las comunidades que más han rendido han recibido más que las comunidades que menos han cumplido».
«En los indicadores de reparto, que para Andalucía suponen una ponderación menor que para el resto de las comunidades autónomas, existe una total falta de transparencia. No sabemos qué indicadores se han utilizado, qué ponderación se le ha dado. No tenemos los resultados del conjunto de las comunidades. Nadie las tiene», subrayó. Denunció «una falta absoluta y total de transparencia» por parte del Ejecutivo, pues todas las comunidades lo han pedido para ver «si hemos cumplido o cómo hemos cumplido», y reiteró que «Andalucía no lo ha podido hacer ni mal ni bien porque no ha habido formación durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015».
ASIGNACIONES / De los 358,2 millones de euros que el ministerio asignó a la comunidad andaluza, hasta 201,15 millones de euros se destinarán a formación; 144,93 millones se irán al eje de empleo y 12,13 millones se invertirán en la modernización de servicios públicos, informó Sánchez Maldonado. Así, el montante acordado el martes en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales se distribuirá en 324 millones de euros para políticas activas de empleo y 33,8 millones para el programa de atención a parados de larga duración.
El Gobierno regional no va a «dejar de reclamar un plan especial de empleo para Andalucía», que tampoco está contemplado en el proyecto de los PGE para este año, lo que calificó de «auténtica canallada y desprecio absoluto por parte del Gobierno de Rajoy a los desempleados de Andalucía». Maldonado cree que, detrás de esta situación, «no hay razones más que políticas. Nos castigan despiadadamente».
