El gobierno local recuperará el nombre que tuvo la plaza de Cañero antes de lo que se esperaba. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba ha estimado el recurso presentado por la sobrina del rejoneador Antonio Cañero, Aurora Cañero López, y por la Asociación Campera y de Rejoneo Antonio Cañero, que deja sin efecto tanto el acuerdo del Pleno del 13 de febrero del 2018, mediante el que se aprobaba la propuesta de la comisión de la memoria histórica para cambiarle el nombre a la plaza, como el posterior de la junta de gobierno local del 23 de noviembre del mismo año, con el que se dio luz verde a denominarla de los Derechos Humanos. Tras conocer la sentencia, el alcalde, José María Bellido (PP), anunció que el Ayuntamiento no la recurrirá y que, por tanto, la acatará, lo que implica devolver a la plaza «de Antonio Cañero su nombre original» y volver a colocar las placas sustituidas en junio por la anterior Corporación de PSOE e IU.

Bellido argumentó que el Ayuntamiento no recurrirá el fallo porque «coincide al cien por cien con el voto particular que emití cuando era líder de la oposición» y en ese momento «advertimos de que se estaba cometiendo una injusticia, ya que el nombre se puso en época democrática, con un alcalde del Partido Comunista, y de que se estaba dañando injustamente el honor de una figura del rejoneo y del toreo como Antonio Cañero».

El fallo recoge que el acuerdo del Pleno no se adecúa «a las previsiones de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía», ni tampoco el posterior de la junta de gobierno, «actos que han de anularse», debiendo «recuperar dicha plaza su anterior nombre» de

«Cañero, como así fue bautizada» en «1986 por el mismo Ayuntamiento demandado». El fallo señala que «la denominación de la plaza de Cañero data del año 1986, ya consolidado el actual régimen democrático en España», siendo entonces alcalde Herminio Trigo. Además, indica que «dicha denominación se instaura, no para enaltecer a la ya extinta dictadura franquista, o alguno de sus dirigentes, sino en reconocimiento a la generosidad del señor Cañero Baena, que donó a la ciudad unos terrenos para la construcción de viviendas destinadas a las clases más desfavorecidas de la ciudad». Además, señala que resulta «impensable que un Ayuntamiento gobernado por un partido de izquierdas aprobara tal iniciativa popular de tratarse el personaje de una destacada personalidad del régimen anterior».

El alcalde espera que la sentencia «sirva de acicate positivo para que entre todos -en referencia al resto de grupos municipales- alcancemos un consenso». «No merece la pena tener este tema abierto, ya que la justicia está haciendo justicia», señaló, asegurando que «siempre hemos defendido un cumplimiento estricto de lo que dice la Ley de Memoria Democrática y el juez respalda esa versión». Bellido recuerda que en diez calles «hubo consenso» y, tras la resolución, «solo en cuatro hay un disenso» -antiguas Cruz Conde, Vallellano, José María Pemán y Cronista Rey Heredia, esta última, pendiente de resolución judicial-, por lo que considera que «puede ser el momento de alcanzar un acuerdo cumpliendo en sus justos términos la Ley de Memoria Democrática». Bellido reclamó que se deje de «dañar injustamente el honor y la honra de personas ya fallecidas» y «de hacer el ridículo ante los tribunales», ya que «es mejor que las cosas se resuelvan con el diálogo» y sin «esperar a que un juez ponga las cosas en su sitio».

Por su parte, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), se mostró a favor de «acatar las decisiones judiciales y si un juzgado determina que el cambio de nombre de calle» se ha hecho «de una forma contraria a la Ley de Memoria Democrática, lo que hay que hacer es revertirlo». Albás ha indicado que «somos respetuosos con las decisiones judiciales», por lo que «lo que hay que hacer es respetarlas y llevarlas a cabo».