La deuda que el empresario y exconcejal de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, mantiene con el Ayuntamiento de Córdoba asciende ya a más de 38 millones de euros entre principal, recargos e intereses. Según el balance municipal al que ha tenido acceso este periódico, el conglomerado empresarial de Rafael Gómez, integrado por diez sociedades más el propio empresario, debe al Ayuntamiento 29,4 millones de euros, a los que hay que sumar 5,8 millones de recargo y 2,6 millones de intereses. Todo este dinero está en vía ejecutiva.

La empresa Arenal 2000 es la que más dinero adeuda al Ayuntamiento, un total de 36,2 millones de euros, de los que 28,1 conforman el principal, 5,6 millones el recargo y 2,4 millones los intereses. En ese paquete está la famosa multa por la construcción sin licencia, hace ya más de diez años, de las antiguas naves de Colecor en la carretera de Palma. Por la construcción de esas naves, el Ayuntamiento impuso una sanción de 24,6 millones a Gómez, que quedó rebajada hace dos años a 20 millones por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tras aquel fallo judicial, la Gerencia de Urbanismo se vio obligada a iniciar el procedimiento de nuevo para reclamar al empresario los 20 millones, que, al no haber sido abonados en la fase voluntaria, entraron en vía ejecutiva con los correspondientes recargos e intereses.

Si a estos 38 millones de euros contabilizados por el Ayuntamiento se suman los 190 recogidos en la lista de morosos que difundió hace unos días la Agencia Tributaria, la deuda de Rafael Gómez con Hacienda, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, asciende a 228 millones de euros. En la lista de la Agencia Tributaria aparecía Arenal 2001 con un débito de 66,7 millones; Arenal 2000, con 57,1 millones; Grupo Inversor Arenal 2000, con 48,1; Arenal 2000 Inversiones, con 12,5; Grupo de Empresas Rafael Gómez, con 2,4; Rafael Gómez SA, con 2 millones; y Rafael Gómez Sánchez, con 1,2.

Cobrar la totalidad de esa deuda es una misión casi imposible y el Ayuntamiento es consciente de ello, sobre todo por las sucesivas subastas fallidas. Según fuentes municipales, en mente del área de Hacienda está sacar a subasta pronto el inmueble de la antigua Agrogás, una finca rústica de Trassierra y las polémicas naves de la antigua Colecor. Sin embargo, el Ayuntamiento no tiene grandes esperanzas, ya que hay acreedores preferentes, como la propia Agencia Tributaria. Además, y aunque hay ocho fincas más embargadas, todas tienen cargas superiores a su valor que dificultan la operación. Ante este panorama, con las perspectivas negativas de cobro, y previendo que la Agencia Triburaria declare fallida la deuda, la única opción que queda es derivar la responsabilidad tributaria en el propio Gómez. El problema es que el empresario también aparece en los listados de la Agencia Triburaria y del Ayuntamiento como contribuyente deudor.