El proyecto de ley de reforma del Código Penal que el Gobierno --elaborado por el Ministerio de Justicia-- ha enviado recientemente al Congreso de los Diputados endurece las penas para los robos de materiales destinados a servicios públicos, como es el caso del alumbrado, o las telecomunicaciones.

En el texto, que se tramita en la Cámara Baja, se contemplan penas de hasta seis años de prisión para las sustracciones de "conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones", y también para otros efectos destinados "a la prestación de servicios de interés general" y a las cometidas en casa habitadas o explotaciones agrarias, cuando estas "revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados".

Además, se agravan las penas para los receptadores de estos materiales con el objetivo de "desincentivar tanto la sustracción de dichos bienes como su venta o tráfico ilícito", según se indica el preámbulo del articulado.