Cajasur puso anoche en el filo de la navaja los acuerdos de fusión, dando a conocer una abierta discrepancia con la reforma legal que prepara la Junta de Andalucía --y que está previsto que apruebe hoy el Consejo de Gobierno, salvo que esta crisis no pueda reconducirse-- , y que las partes intentaban subsanar ya casi de madrugada.

Y es que cerca de las 22.00 de ayer Cajasur remitió un comunicado en el que la entidad fundadora de la caja cordobesa, el Cabildo, explica que considera "inasumible el actual borrador de decreto ley de reforma de la Ley de Cajas, ya que no da cobertura legal al protocolo de fusión" alcanzado con Unicaja.

El comunicado llegó a las redacciones cuando ya se daba por sentado que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaría hoy el citado decreto ley, si bien había trascendido que todavía no se había cerrado su contenido y que continuaban las conversaciones entre las partes. A lo largo de la jornada, el mutismo de Cajasur había sido absoluto, mientras se daban a conocer desde Sevilla las discrepancias que los partidos políticos mantenían respecto de la redacción final de la reforma legal, que, según ha dicho desde el primer momento la Junta de Andalucía, se arbitra para facilitar un marco legal a los acuerdos de fusión entre Unicaja y Cajasur y Unicaja y Caja de Jaén.

El comunicado es contundente, pues en él se afirma que la entidad fundadora "descartaría una eventual fusión en los actuales términos", ya que "dejaría en el aire las adecuadas garantías relativas a la defensa del empleo, la obra social y el futuro de la especial relación de la nueva entidad con Córdoba".

El principal desacuerdo con el borrador actual es que "permitiría, en el caso de futuras integraciones, adecuar la representación de la entidad fundadora en los órganos de gobierno, que ahora se otorga a la misma en el decreto-ley, mediante simples modificaciones estatutarias, obviando la vocación de perdurabilidad en una norma con rango de ley para cuestiones cruciales, como en su día se acordó". Se asegura que no se pretende bloquear el futuro crecimiento de la caja o futuras modificaciones, pero se exige que éstas, de producirse, tengan el rango de ley. Y se recuerda que estos aspectos de una caja fundada por la Iglesia Católica están encajados en la normativa legal actual. Finalmente, el comunicado (que reproducimos textualmente en la página 2) entra en la polémica que se ha desarrollado durante los días anteriores respecto de la singularidad de la presencia de los canónigos en los órganos de gobierno de la caja. En este sentido, asegura que los representantes de la entidad fundadora de Cajasur ya han comunicado a la Consejería de Economía y Hacienda su renuncia expresa a las peculiaridades de la designación y duración del mandato de los miembros del Cabildo", algo que, dice, han hecho por el bien del proceso y de los empleados de la entidad, y a la espera de que la normativa recoja suficientes garantías de la representatividad en la entidad fundadora. De esta forma, los representantes del Cabildo estarán sometidos a la limitación del mandato por 12 años y a la jubilación a los 70.

Todo indica que las conversaciones de los últimos días no han servido para tranquilizar a la Iglesia respecto de su futuro en el seno de la nueva entidad Unicajasur y el mantenimiento de una fuerte vinculación a Córdoba.