Migrantes en la diana: el controvertido acuerdo entre la UE y Túnez

La Unión Europea (UE) y el Gobierno de Túnez del polémico Kaïs Saied han firmado este fin de semana un nuevo ‘memorando de entendimiento’, ante la presencia de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Mark Rutte. El pacto, cuyo objetivo primero es frenar las llegadas de migrantes a Europa y que llega tras denuncias de graves abusos contra los migrantes en Túnez, fue presentado en una comparecencia en la ciudad tunecina en la que los tres líderes europeos se limitaron a hacer declaraciones en una sala sin periodistas. El texto del acuerdo tampoco fue difundido y este diario no recibió en lo inmediato una respuesta a su solicitud de visualizar una copia del memorando ni de la UE ni de la presidencia italiana.

¿Qué se sabe y qué no del acuerdo?

La UE ha calificado el acuerdo de “acuerdo integral”, basado en cinco pilares. Estos son: el “fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales”, “desarrollo económico”, “una asociación energética sostenible y competitiva”, “contactos entre las personas” y “migración”. Sobre este último apartado, el más controvertido, Von der Leyen anunció la entrega de 100 millones de euros de fondos europeos para “la gestión de fronteras, la lucha contra el contrabando, el retorno y la atención de las causas profundas”. Eso es, frenar las llegadas desde el país norteafricano. Según la UE, todo ello se hará “respetando el derecho internacional”. Sin embargo, no se ha informado de cómo la institución europea controlará que esto se cumpla, ni qué control la UE tendrá sobre el empleo de esos fondos.

¿Por qué el acuerdo es controvertido?

Una de las principales razones es que Saied, presidente de Túnez desde 2019, ya acumula un largo historial de medidas controvertidas en materia de inmigración. Tan solo a principios de este mes diversos activistas denunciaron la expulsión de cientos de inmigrantes subsaharianos en una zona desértica fronteriza con Libia. En fotografías y vídeos enviados desde el lugar, corroborados por organizaciones como Human Right Watch (HRW), se ve a migrantes, algunos de ellos niños y mujeres embarazadas, que vagan bajo temperaturas altísimas sin atención médica ni apenas agua. “El grupo, que incluye personas con estatus legal regular e irregular en Túnez, fue expulsado colectivamente, sin el debido proceso. Esto va en contra del derecho internacional, por supuesto. También informaron de violencia por parte de las autoridades durante su arresto y expulsión”, escribió HRW.

¿Por qué Túnez ha empezado a maltratar a los migrantes?

La respuesta a esta pregunta es difícil y presenta puntos oscuros. Lo que se sabe con certeza es que, a partir de febrero pasado, el giro se vio claramente reflejado en un incendiario discurso de Saied. En esta alocución, el presidente tunecino pidió a las fuerzas de seguridad "acabar rápidamente" con la inmigración irregular y describió a la población subsahariana como fuente de "violencia y crímenes" y una amenaza demográfica para la identidad árabe-musulmana de su país. Este clima de hostilidad coincidió con un aumento de los viajes en pateras de los inmigrantes, lo que algunos observadores interpretaron como una maniobra de Saied para chantajear a Europa y, en particular, a Italia.

¿Qué es lo que no se esperaba de Meloni?

Desde que es primera ministra de Italia, Meloni ha mantenido una retórica belicista contra los migrantes y, especialmente contra las oenegés que los rescatan en el mar Mediterráneo. La estrategia con estas últimas ha sido la de enviarles a puertos cada vez más alejados tras los rescates, dificultando sus operaciones. Sin embargo, en paralelo, la ultraderechista también ha aprobado la entrada en el país de alrededor de medio millón de extracomunitarios en el plazo de tres años, un récord para Italia. Esto se debe a que los empresarios italianos, especialmente los del norte de Italia, dicen carecer de la mano de obra que necesitan. Tanto es así que habían pedido el doble de esa cifra acordada por Meloni para absorber sus necesidades laborales.