La ONU ha denunciado "sistemáticas" violaciones de los derechos humanos y el trato "degradante" que sufren los inmigrantes y refugiados. La ley permite detenerles entre 40 y 90 días y se les hace pagar una tasa diaria de 10 dólares por su estancia involuntaria en los centros de internamiento, a menudo en condiciones penosas. En el de Bílà-Jezová, el propio ministro de Justicia, Robert Pelikán, las describió como "peores que en una cárcel".
