Uno de cada cuatro franceses trabaja para la Administración o para una empresa que depende del Estado. Nicolas Sarkozy prometió poner fin a esta situación, considerada insostenible para la economía del país, y ayer anunció la puesta en marcha de una de las grandes reformas de su mandato, que tiene por objeto adelgazar el cuerpo de funcionarios y de cargos electos. La nueva organización territorial reducirá a la mitad el número de consejeros provinciales y regionales, que pasarán de 6.000 a 3.000.
El recorte se añade a la política de supresión de funcionarios de la Administración central. Uno de cada dos empleados que se jubila no es reemplazado, situación que genera malestar, sobre todo en la enseñanza.
Pese a las feroces críticas, Sarkozy ha decidido mantener el rumbo de sus grandes reformas. Ayer la huelga del ferrocarril se sumó a las recientes movilizaciones de agricultores y funcionarios de correos, que temen una privatización del servicio. No hay duda de que el contexto socio-económico no es el más propicio, pero el calendario aprieta. El presidente debe lanzar ahora sus proyectos más impopulares antes de que las protestas contaminen la precampaña.
La "racionalización del mil hojas territorial" --así presentó Sarkozy su reforma-- supone una transformación profunda de la organización regional. Los consejeros de departamento y de región serán fusionados. Se creará el cargo de consejero territorial, que será elegido en su cantón con un escrutinio mayoritario.
JUICIO A VILLEPIN Mientras tanto, el fiscal presentó ayer su petición de condena --18 meses con suspensión y una multa de 45.000 euros-- para el ex primer ministro Dominique de Villepin en el juicio por el caso Clearstream , en el que está procesado por conspirar contra el hoy presidente francés. "Sarkozy prometió colgarme de un gancho de carnicero, veo que ha cumplido su promesa", dijo Villepin.
