Mientras la fiscalía del Supremo se pronuncia sobre las diligencias de investigación que tiene entre manos contra el rey emérito, la Sala Segunda del alto tribunal le ha pedido informe para que se pronuncie en relación con la ampliación de querella presentada a mediados de mes por Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, para forzar la apertura de una causa contra Juan Carlos I por un total de 13 delitos.
La Sala de Admisión del alto tribunal, presidida por Manuel Marchena, y compuesta por Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana María Ferrer y Susana Polo, ha declarado en una diligencia de ordenación que "tiene por consignada, en plazo, la fianza por importe de 12.000 euros que fue impuesta" a los querellantes "para el ejercicio de la acción popular (...) y se declara bastante", en el caso de que finalmente se admita a trámite y se abra un procedimiento.
Archivo de la primera
La querella original fue registrada en diciembre de 2018 y archivada en poco más de seis meses. Tras los acontecimientos de este año, en los que el rey Felipe VI renunció a la herencia que le pudiera corresponder y se supo de la apertura de hasta unas terceras diligencias de investigación fiscales, los querellantes pidieron la reapertura de la causa y presentaron un nuevo escrito de ampliación de querella.
La querella inicial estaba dirigida, además de contra Juan Carlos de Borbón, contra su examante Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el excomisario José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. La reciente ampliación incluye también al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas del rey con fondos procedentes del empresario.
También se incorpora la regularización fiscal que el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria para tratar de neutralizar las diligencias fiscales ya abiertas en relación con el uso de estas tarjetas 'black' y evitar que se transformen en una querella. Las otras dos diligencias abiertas por el ministerio público son la relativa a los 65 millones de euros que el rey recibió de la monarquía saudí presuntamente por la construcción del AVE a La Meca y por un fondo en la isla de Jersey.
