PSOE y PP retomarán la comisión para analizar la reforma territorial

La comisión territorial en el Congreso creó altas expectativas cuando nació, hace poco más de un año. Sobre todo, en el PSOE. Los socialistas arrancaron a Mariano Rajoy la creación de este organismo a cambio de su apoyo al artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La comisión debía analizar las deficiencias del modelo autonómico y ser el embrión de una reforma constitucional. Sin embargo, la iniciativa se topó con todo tipo de obstáculos nada más empezar a trabajar. Los partidos independentistas, el PDECat y ERC, se negaron a participar. Tampoco Podemos quiso querido sentarse allí. El PP tuvo prisa en decir no a cambiar la Carta Magna. Y Ciudadanos, por último, también acabó levantándose. Solo quedan los socialistas y los populares, junto a diputados de formaciones pequeñas como Compromís y UPN, y las expectativas son ahora mucho más bajas. Pero los dos partidos mayoritarios quieren reflotar el organismo.

Los socialistas temían que la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa terminara de hacer saltar todo por los aires. El PP opone mucha resistencia a pactar desde entonces cualquier asunto con el PSOE, mucho más de índole territorial. Sin embargo, los populares no van a abandonar el ente, cuyo nombre completo es comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. «Somos un partido de Estado, responsable. No somos como Ciudadanos», explican en el partido que dirige Pablo Casado.

PRESENTAR CONCLUSIONES / La sintonía con el PSOE en este terreno va más allá. La semana que viene, o a más tardar la siguiente, el presidente de la comisión territorial, José Enrique Serrano, reunirá a la mesa y a los portavoces del organismo para ordenar sus futuras sesiones. Fuentes socialistas explican que Serrano, que fue jefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, propondrá dos cosas: acotar el número de comparecientes y programar más reuniones, con el objetivo de intentar terminar los trabajos y presentar sus conclusiones (que a su vez deberán ser votados por el pleno del Congreso) antes de que acabe esta legislatura, cuya duración es incierta.

El número de personas que aún debe acudir a la comisión es de casi 200. «Son demasiados. No es operativo. Tenemos que reducirlo a la mitad», explicaron fuentes socialistas.