Impuestos a las grandes rentas

Se acabaron las prórrogas anuales, de las que llevaba ocho. El impuesto de patrimonio se consolida y se mantiene de manera indefinida, anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras entregar en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Montero explicó que, al darle a este gravamen que pagan unos 200.000 contribuyentes en toda España un carácter estable, «quien quiera suprimirlo tendrá que hacerlo por ley». Las comunidades que mantienen este tributo se vieron beneficiadas por la norma que en el 2013 obligó a los contribuyentes a declarar sus bienes en el exterior, así como la amnistía fiscal del 2012.

El Gobierno deroga el apartado segundo del artículo único del Real Decreto ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el impuesto sobre el patrimonio, con carácter temporal. Eso significa que se convierte en permanente. En el proyecto de cuentas también se eleva un punto el último tramo de la tarifa estatal del impuesto hasta el 3,5% a partir de bases liquidables de 10.695.996,06 euros. Esta escala es la que se aplica cuando la autonomía no tiene aprobada una propia. El Gobierno estima que el aumento del último tramo aportará 339 millones adicionales a las autonomías. Ambas medidas están dirigidas a «contribuir a la consolidación de las finanzas públicas», según el proyecto.

Este gravamen, del que hay pocos ejemplos en Europa, fue suprimido por parte del Gobierno de Zapatero, pero lo resucitó en el 2010 dada la caída de ingresos provocada por la crisis. Su desaparición estaba prevista para el 2012, pero se ha ido prorrogando anualmente desde entonces, también por los ejecutivos del Partido Popular.

En el apartado de los ingresos, el Gobierno prevé obtener este año 227.356 millones de euros, con un laza del 9,5% respecto al presupuesto del 2018, una cota récord gracias a la subida impositiva a grandes empresas y rentas más altas, y a pesar de que se ha revisado en una décima a la baja la previsión de crecimiento, hasta el 2,2%.

Con estas estimaciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera financiar unas políticas de gasto que hacen que las partidas sociales supongan 57,3 de cada 100 euros del presupuesto consolidado.