Tanto el Gobierno como los de las autonomías aún no han fijado cuándo pagarán la totalidad o parte de la extra suprimida en el 2012. Varias sentencias obligan a abonar los 44 días devengados antes de la supresión. El Ejecutivo, además, no contempla que el sector público siga el ejemplo del privado y proponga una subida de salarios del 1%. En todo caso, los incrementos serán en la siguiente legislatura. Los sindicatos, por su parte, piden que la tasa de reposición del empleo sea superior a la actual, que la limita al 50% de las bajas.
