El Gobierno no tiene prisa por pactar una solución con los acreedores de las autopistas radiales quebradas, al menos mientras la elecciones europeas tengan prioridad en la agencia política. Así lo ha hecho saber el Ministerio de Fomento a las entidades financieras con las que negocia una solución definitiva para poner en marcha el banco malo --la sociedad pública de autopistas-- donde acabarán integradas las vías radiales que fueron construidas en torno a la corona metropolitana de Madrid, en su mayor parte. Fomento tuvo prisa por hacer la foto de la ministra Ana Pastor con los representantes de bancos y constructoras cuando presentó su fórmula --una quita equivalente al 51% de la deuda-- ante la opinión pública.

Luego se impuso el mutis. Se anuló un encuentro con los bancos para que estos presentaran un contrapropuesta conjunta. Lo hicieron al margen de las cámaras. Y finalmente, se ha decidido que la solución puede esperar a que pase el fragor político de las elecciones al Parlamento europeo. "Nos han dejado bien claro que no quieren volver a sentarse en la mesa de negociación hasta que hayan pasado las europeas", han comentado fuentes conocedoras del proceso negociador.

No es esta la versión oficial de Fomento. El ministerio sostiene que no hay ningún calendario para cerrar los acuerdos. El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha destacado recientemente que el "problema es complejo", hay muchos interlocutores, por lo que no se ha fijado un horizonte temporal para definir el plan de rescate, se apunta. Desde el sector financiero --Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular y Sabadell son los principales acreedores-- se apunta a que el Gobierno aceptará una solución cercana a la propuesta presentada a primeros de abril y que implicaría mayores garantías de cobro de la deuda.

Bonos y variables

El plan de Fomento implica la creación de una empresa pública que tendría a su cargo 748 kilómetros de autopistas y las deudas acumuladas por las concesionarias con la banca (3.900 millones) y las constructoras (470 millones). Fomento pide una quita del 51%, con lo que la empresa pública asumirá unos 2.300 millones de esa deuda --además de las expropiaciones pendientes-- y los acreedores recibirán bonos a 30 años con un 1% de interés anual, y se agregaría un variable en función de tráfico.

Bancos y constructoras consideran insuficiente esa oferta y propusieron a Fomento que aseguraran un interés del 4% para el conjunto del periodo, que es la rentabilidad media del bono español a 30 años. Fuente bancarias señalan que el ministerio trabaja con la idea de asegurar ese interés, aunque no en los primeros años de vigencia del acuerdo, con lo que los acreedores acabarían por cobran unos 5.000 millones en el conjunto del los 30 años.

Sobre el terreno, la realidad es que el tráfico va a la baja. El número de vehículos que utilizaron las diferentes autopistas bajó en enero a mínimos de los últimos 17 años. Ese mes, la intensidad media diaria (IMD) de la radiales cayó un 1,6%, con respecto a enero de 2013, con 12.219 vehículos.