La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella en el juzgado de guardia por dos delitos de fraude a Hacienda contra José María Ruiz-Mateos y seis de sus hijos, así como contra dos supuestos testaferros cuyas empresas actuaron en la venta de unos terrenos en el municipio de Algaba (Sevilla). La cantidad presuntamente estafada al erario asciende a 4,2 millones de euros que corresponden al impuesto de sociedades y del IVA del ejercicio del 2007. Como administradora de la empresa vendedora aparece una firma radicada en el paraíso fiscal de Belice.

Según ha podido saber este diario, la querella presentada por el fiscal Ricardo Saéz Garea va dirigida contra la empresa Grupo Fortuna Red, domiciliada en Barcelona, contra dos personas vinculadas a ella y contra la familia Ruiz-Mateos que, según de los informes de la Agencia Tributaria, es la verdadera propietaria de la sociedad. Esta compañía transmitió mediante dos escrituras públicas, otorgadas el 5 de octubre del 2006, 18 fincas sitas en el municipio de la Algaba a una empresa. La operación ascendió a 19,2 millones. En los documentos se especifica que la parte vendedora y compradora pactaban expresamente que la entrega material de los terrenos se realizaría meses después, en concreto el 15 de enero del 2007.

SIN AUTOLIQUIDACION Como consecuencia de esta venta, el Grupo Fortuna obtuvo una importante plusvalía que no fue objeto de declaración del impuesto de sociedades del 2007, dado que la empresa no presentó la preceptiva autoliquidación por ese ejercicio (en realidad, la sociedad no había declarado dicho impuesto desde el 2005). En cuanto al IVA, repercutió unas cuotas de este impuesto por las que tampoco tributó, dado que en el 2006 y el 2007 presentó autoliquidaciones trimestrales a compensar, no habiendo realizado apenas en dichos ejercicios compras de bienes y servicios. Los principales gastos en los que incurrió fueron los derivados de la operación inmobiliaria. De esta forma, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Barcelona, el Grupo Fortuna Red defraudó a Hacienda 1,6 millones del impuesto de sociedades y 2,6 millones del IVA.

Para concretar qué personas físicas de la familia Ruiz-Mateos podrían ser responsables de los hechos relatados en la querella, Hacienda recurrió al informe inicial emitido por la administración concursal del grupo Dhul, en el que se describe la forma de proceder de las sociedades que constituyen Nueva Rumasa e identifica a sus integrantes. Otros informes señalan que diversos testigos han corroborado que las negociaciones para la venta de Algaba fueron llevadas por la familia Ruiz-Mateos.