El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se mostró ayer de acuerdo con la iniciativa del grupo socialista en el Senado para endurecer las sanciones a los parados que rechacen ofertas de empleo o de formación por parte de los servicios de empleo o de las agencias de colocación. Según el ministro, sería "razonable" retirar la prestación por desempleo a quien rechace una oferta tras 30 días de empezar a percibirla. La legislación actual prevé un periodo de gracia de 100 días, pero la enmienda socialista contempla la desaparición total de este periodo. Corbacho abogó ayer por mantener un periodo de gracia de 30 días.

"Es verdad que una vez que se pierde el empleo, el trabajador puede necesitar 30 días para resituarse, para ver exactamente por dónde reorienta su futuro. Pero a partir de los 30 días esa persona está en disposición de participar en un itinerario, en cursos de formación y de aceptar aquellas ofertas de trabajo que se le produzcan". Así se explicó el ministro en declaraciones a la SER, donde añadió que si una persona no quiere aceptar cursos, ni un itinerario, ni una oferta "tiene su perfecto derecho a hacerlo, pero parece razonable que eso sea incompatible con la prestación por desempleo".

BUSQUEDA DE APOYOS La enmienda socialista se tramitará en el Senado hoy (en ponencia) y mañana (en comisión, con competencia legislativa plena). El PSOE negocia con el resto de grupos sacar adelante la enmienda, pero lo tiene difícil. El PSOE tiene el apoyo de 12 de los 26 senadores de la comisión (incluidos los de Entesa Catalana y Grupo mixto). El PP tiene 12 votos. CiU y PNV tienen la llave con un senador cada uno. El grupo socialista confía en captar el apoyo del PNV y en imponer el voto ponderado si hay empate.

Los sindicatos expresaron ayer su rechazo. Según UGT, "esta medida incide en una política persecutoria a los perceptores de prestaciones, pues está dando por hecho que estos, sistemáticamente, se niegan a aceptar las acciones ofrecidas por los servicios públicos de empleo, idea inaceptable ya que cualquier trabajador que esté en esa lamentable situación lo que quiere es trabajar". Ramón Górriz, de CCOO, acusó al Gobierno de "criminalizar" a los trabajadores.