La Junta de Andalucía ha aprobado 20 alegaciones para presentar ante la modificación de la Ley de Patrimonio que pretende llevar a cabo el Gobierno central. El delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, y la delegada de Cultura del Gobierno autonómico, Cristina Casanueva, han hablado de dichas alegaciones, apuntando además que esta modificación supone "una invasión competencial" del Estado a las comunidades y ayuntamientos.
Casanueva ha apuntado que lo idóneo habría sido hacer una ley nueva y no modificar una ya existente que, además, tiene más de 30 años. Un periodo, ha incidido, en el que las comunidades y el ayuntamiento ha gestionado en su mayoría ese patrimonio, por lo que "saben lo que funciona y lo que no".
Para Casanueva, los cambios propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez suponen "una decepción total" porque "se ha perdido una oportunidad fundamental" para reforzar la protección del patrimonio. Ahora, ha apostillado, la ley modificada podrá "favorecer el abandono de muchos inmuebles".
"El Gobierno central todo lo que toca lo hace para crear problemas, no solucionarlos, sino para crear conflicto y desviar la fatídica gestión", ha denunciado la delegada provincial de Cultura, quien ha ironizado con que "no son capaces de gestionar sus propias competencias y quieren controlar desde Madrid las de las comunidades autónomas".
Casanueva entiende, además, la especial incidencia que podrá tener la ley en Andalucía y más concretamente en Córdoba, única ciudad de España con cuatro declaraciones mundiales por parte de la Unesco. Todas estas declaraciones, ha dicho, se concedieron después de aprobar la ley (excepto la de la Mezquita), por lo que considera que ello demuestra que se estaban haciendo las cosas bien.
Las claves
En cuanto a los puntos que la Junta no entiende como beneficiosos para el patrimonio, Casanueva ha hablado de los trámites burocráticos que supondrá para los ciudadanos que quieran hacer obras en sus casas situadas en zonas patrimoniales (algo que puede ocurrir, sin ir más lejos, en el casco de Córdoba) y ha dicho que la Junta ya cuenta con una ley que agiliza todos estos procesos.
Por otro lado, también se ha referido a la necesidad de dotar de protección a todos los elementos que contenta un inmueble protegido, lo que podría conllevar, cree, que se proteja un edificio y que luego haya que hacer lo mismo "con un cuadro o un mueble", temiendo que los monumentos que ya cuenten con esa protección se queden sin la misma.
Sobre el patrimonio arqueológico, del que Córdoba sabe bastante, según Casanueva, la modificación de la ley elimina el artículo que suponía la declaración BIC automática si se encontraban, por ejemplo, pinturas rupestres, lo que "dejaría desprotegida a parte de la arqueología de nuestra provincia".
Otros puntos con los que no casa la Junta tienen que ver con las filmotecas, los castillos o el mecenazgo.
Con todo ello, Antonio Repullo ha dicho que con estos cambios el Gobierno "ha ido a tocar el corazón de todos los andaluces. Apuesta por unas modificaciones en la ley que lastran el patrimonio de todos los andaluces. El patrimonio es de los andaluces y gracias a la gestión del patrimonio se pone a disposición de todos los españoles y la humanidad".
Para Repullo, "no hay excusa para cambiar modelo de gestión y administración. Se lleva en perfectas condiciones, no se puede decir lo contrario" y ha añadido que con este movimiento el Gobierno central "roba competencias a la comunidades autónomas y, además, en una provincia con cuatro patrimonios, es un auténtico insulto y lastre a Córdoba".
La plataforma de la Mezquita también presenta alegaciones
Por otro lado, la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba presentó el pasado día 19 de julio ante el Ministerio de Cultura y Deportes un pliego de alegaciones a la modificación de la Ley del Patrimonio Histórico.
El colectivo entiende que, hasta ahora, "la normativa ha focalizado sus esfuerzos en la conservación material de los bienes culturales pero ha desatendido la tutela de su significado histórico o artístico y la correcta interpretación de sus valores intangibles". Lo que el colectivo patrimonialista cordobés pretende con su propuesta de modificación es que "la ley obligue a los poseedores de bienes culturales a garantizar su interpretación de acuerdo con los valores patrimoniales que justificaron su declaración y sin alterar su integridad, autenticidad y significado".
