El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, y la concejala de Casco Histórico, María Luisa Gómez, han dado cuenta de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Córdoba al anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico,  por la que se modifican la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El edil popular ha afirmado hoy, 20 de julio, que la necesidad de actualización y modificación de sendos textos "no puede suponer una invasión de competencias de las comunidades autónomas" ni "un retroceso en la autonomía de los ayuntamientos", a los que entiende que el anteproyecto les usurpa la capacidad de gestión de su propio patrimonio. En esta línea, como ya hiciera hace unos días el alcalde, José María Bellido, y el obispo Demetrio Fernández, ha vuelto a hablar de intento recentralizador del Estado y de actitud intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez, si bien ha dudado que el Ejecutivo central sea capaz de imponer estas modificaciones en la gestión de monumentos como la Sagrada Familia de Barcelona. "Intentamos reconducir este despropósito jurídico que pretende la expropiación del patrimonio de todos los cordobeses", ha afirmado Fuentes.

Para el Ayuntamiento de Córdoba el que se quiera luchar contra el expolio del patrimonio no puede ser óbice para restar competencias a las autonomías y a los administraciones locales, y ha recordado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha presentado modificaciones al texto. "Es un conflicto de competencias en toda regla", ha asegurado para añadir que el anteproyecto hace tambalear artículos como el 148 y 149 de la Constitución Española, así como el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Córdoba se basan fundamentalmente en el artículo 25 bis del anteproyecto, que introduce el concepto "innecesario y confuso" de Bien Cultural de Interés Mundial e impulsa un patronato para la gestión del patrimonio. Dicho patronato, dice el anteproyecto, "estará adscrito a la Administración General del Estado (....) y dispondrá siempre de la mayoría de votos del gobierno respectivo". Fuentes ha incidido en que dicho patronato es "una expropiación en toda regla" de los bienes patrimoniales. Asimismo, el Ayuntamiento de Córdoba duda de la eficacia de tener que presentar una evaluación de impacto patrimonial previa "tres meses" antes de que cualquier vivienda ubicada en el casco histórico vaya a hacer una obra.

Por último, Salvador Fuentes considera que este anteproyecto choca con la elaboración del plan de gestión que ha pedido la Unesco y con el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PECH).