A solo un día de que finalizase la validez del presente contrato, el Ayuntamiento de Lucena acaba de aprobar la prórroga por un año de la gestión externalizada de la estación de autobuses, ubicada en la calle Miguel Cruz Cuenca. En un pleno extraordinario celebrado a primera hora de la mañana de ayer, PP y Vox respaldaban la proposición del equipo de gobierno socialista para este servicio público. Cs se posicionaba con una abstención e Izquierda Unida mantuvo su oposición a esta alternativa, en sintonía con lo manifestado en la sesión precedente.
Finalmente, el pasado día 17, el Ayuntamiento activó esta ampliación excepcional por cuestiones de interés general, al incumbir a un servicio esencial, y ante el insuficiente «tiempo material» para impulsar una nueva licitación conforme a los intervalos burocráticos ordinarios. El Consistorio expresaba su compromiso de aprovechar estos 12 meses para redactar un nuevo pliego, con diferentes condiciones técnicas y administrativas, más favorables para las empresas eventualmente interesadas, y abordar el correspondiente concurso público.
La empresa adjudicataria, Carrera SL, en un principio, descartó la opción de la prórroga reflejada debido a que «han cambiado radicalmente las condiciones económicas de la explotación», ya que «hemos sufrido una bajada considerable en los ingresos y una subida de costes desproporcionada, siendo imposible la viabilidad del actual contrato».
Previamente, el 13 de octubre, el Consistorio planteó una prórroga de cinco años, en atención a las cláusulas reflejadas en el contrato de noviembre de 2012, tras la licitación de este servicio. En cualquier caso, la empresa rechazó asumir un período de un lustro más. En los últimos días se aceleraron las conversaciones entre el Ayuntamiento y la empresa, ante la inminencia de la finalización del período legal.
Por consiguiente, la prórroga definitiva abarca hasta el 24 de noviembre de 2023.
El auge de otros modos de transporte colectivo y el cierre de los diferentes locales ubicados en la estación, cedidos por el Ayuntamiento a la prestataria como contraprestación, inciden negativamente en la rentabilidad.
En el pleno de octubre, ante las interpelaciones de Izquierda Unida por la premura temporal, el silencio del gobierno municipal socialista y la incertidumbre generada, el alcalde, Juan Pérez, afirmaba que «con independencia de que la estación tiene algunos desperfectos que habrá que subsanar», actualmente «el gran problema es que la actividad ha disminuido considerablemente, hay otros elementos que perjudican el desarrollo la actividad de los autobuses». En estos momentos, «evidentemente la estación no tiene la actividad que tenía unos años, de hecho, prácticamente todos los locales, todos salvo la cafetería, no están ocupados», admitía Pérez.
El Pleno extraordinario, de solo cuatro puntos, también validaba dos expedientes de modificación presupuestaria, uno para destinar los 50.000 euros previstos inicialmente para la compra de viviendas sociales a obras de mantenimiento y diversos arreglos en viviendas sociales municipales, y otro, cuantificado en 68.000 euros y asignado a gratificaciones, dotado con recursos de diferentes epígrafes económicos.
