El trabajador social de Cruz Roja Rafael Cobos, del programa de Extrema Vulnerabilidad, explica que una de sus actividades es la orientación a familias vulnerables sobre los diferentes recursos y las ayudas a las que pueden acceder, entre las que se encuentra el Ingreso Mínimo Vital. De acuerdo con su experiencia, «muchas veces, las familias desconocen los recursos y hay otras que se conocen, pero no saben cómo gestionarlos, por eso es tan importante la orientación».
El IMV se dirige a hogares en riesgo de pobreza y exclusión social. Este profesional señala que algunas personas no saben usar las nuevas tecnologías y Cruz Roja les acompaña para que obtengan la clave o el certificado digital, y tramiten la solicitud de forma autónoma. En otras ocasiones, se ayuda a las personas a gestionarla, aunque Rafael Cobos destaca la importancia de hacer a estos usuarios partícipes de la búsqueda de soluciones para su situación. En 2023, trabajaron con 265 familias a través de diversas herramientas como la obtención del certificado digital o el uso del simulador para conocer si se tiene derecho a esta prestación. En esta línea, acerca de la demanda del IMV, afirma que «es constante». La Seguridad Social puede tardar hasta seis meses en responder a la solicitud.
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La prestación no tiene una duración limitada, sino que se percibe mientras que se cumplen los requisitos. Los beneficiarios están obligados a realizar la declaración de la renta. De este modo, para conceder la ayuda se tienen en cuenta los ingresos y el patrimonio (depósitos bancarios e inmuebles), excluida la vivienda habitual. «Muchas familias se quedan fuera por esto», comenta, aludiendo a casos en los que, por ejemplo, poseen cocheras u otros bienes.
Por otro lado, este trabajador social recuerda que Cruz Roja es una entidad del tercer sector mediadora en el IMV y en aquellos casos de unidades de convivencia más complejas, cuando por ejemplo varios adultos o distintas familias conviven en el mismo inmueble sin tener vínculo, esta organización puede certificar ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social que no existen vínculos afectivos, de consanguinidad o económicos, de forma que puedan obtener la prestación.