Las obras del Centro de Emergencia Habitacional en el antiguo Hospital Militar de Córdoba estarán concluidas en marzo de 2023 tras subsanarse algunos retrasos técnicos en la dirección de la obra que han acabado generando siete meses de retraso.

La pasada semana la empresa que se adjudicó la obra por 538.311 euros, Avanza Solutions & Projects, retomó los trabajos de este centro albergará tres plantas distribuidas en un sótano con trasteros, una planta baja y una primera donde se construirán 15 apartamentos dirigidos a personas o familias que, por diversas causas sobrevenidas, como un incendio o un desahucio, necesiten una vivienda de manera de manera urgente y de forma puntual ya que el tiempo de hospedaje estará entre los dos y tres meses. En total tendrá cabida para 38 personas y habrá apartamentos de dos y tres habitaciones y uno de uso individual, además de dependencias destinadas a despacho de Servicios Sociales, sala de usos múltiples y sala de estar. Las viviendas estarán equipadas con cocina y baño. 

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Contador, ha recalcado que estas viviendas no son para alojamiento prolongado sino para dar una solución rápida y temporal a aquellas familias que de un momento para otro se puedan ver desprovistas de sus viviendas.

Urbanización del entorno

El anuncio del inicio de la obra ha servido para que el teniente de alcalde de Urbanismo y presidente de la GMU, Salvador Fuentes, anuncie un plan de urbanización del entorno, en concreto, de las tres calles -actualmente terrizos que sirven como aparcamiento- que hay entre los cuatro pabellones del antiguo Hospital Militar de San Fernando, y que van desde la Cruz Blanca hasta la sede de UGT. En este sentido ha avanzado Fuentes que la intención del Ayuntamiento es  buscar una alternativa para ofrecer una salida directa a la avenida Agrupación Córdoba. Para ello Urbanismo estudia abrir una nueva bocacalle entre los pabellones y los dos edificios de viviendas que actualmente están separados por una muralla. Según ha añadido el presidente de Urbanismo, "la solución conllevaría el derribo del muro y la construcción de una escalera que dé acceso a la bocacalle". Ese espacio es propiedad de los vecinos y por tanto necesita su consentimiento, aunque actualmente se encuentran en negociaciones avanzadas con Urbanismo para concederlo, según Fuentes.

El PSOE tacha el retraso de 'inadmisible'

Las reacciones por parte de la oposición a este anuncio no se han hecho esperar. El Grupo Municipal Socialista le ha recordado hoy al alcalde que sigue habiendo muchas familias esperando a que abra sus puertas el centro de emergencia habitacional, un proyecto que anunció en el año 2019 y que aún no es una realidad. “Son demasiados años de retraso, todos los que el señor Bellido lleva al frente del cogobierno sin ser capaz de dar una respuesta a cualquier familia que tenga que verse en la calle por un desahucio. Es un ejemplo más de la falta de atención del alcalde a los problemas de los ciudadanos de a pie, en este caso los problemas de vivienda. No es una prioridad para él, no está entre los proyectos que él pueda considerar importantes para Córdoba”, ha lamentado la concejala Alicia Moya en un comunicado remitido por su formación.

Moya ha explicado que esta obra se adjudicó en el año 2019 por 800.000 euros. Después se detectó un problema técnico en la estructura de la escalera y a partir de ahí las decisiones políticas de cómo resolverlo han ido alargando en el tiempo la ejecución de estas instalaciones. “Se trata de un equipamiento muy necesario para familias que se encuentran en graves dificultades habitacionales, sobre todo aquéllas que están sufriendo a día de hoy algún proceso de desahucio”.

Ha recordado, además, que en su día se le ofreció a este equipo de gobierno una solución por parte de la empresa constructora abalada por el técnico que llevaba la obra desde Urbanismo, pero el alcalde decidió resolver el contrato e iniciar el camino de licitar otras obras. “Los meses han ido pasando desde que se conoce el problema de la escalera (septiembre de 2019). Pasan hasta que se toma la decisión de rescindir el contrato (febrero de 2020). Siguen pasando hasta que se encarga un nuevo proyecto y siguen pasando hasta que se anuncia la nueva licitación. En total son 12 meses, un año de retraso para empezar de nuevo todo el proceso”, ha criticado la edil.

Anuncio tras anuncio

Desde el PSOE reprochan a Bellido que siga anunciando sucesivamente fechas de terminación de las obras que sabe que no va a cumplir. Después de anunciar en marzo que estarían finalizadas a finales este año, hoy mismo han vuelto a desmentirse a ellos mismos para asegurar que será en marzo del año que viene, pero a la vista de cómo se encuentra el edificio y de los continuos retrasos, los socialistas no confían nada en la palabra del alcalde ni de su equipo de gobierno. “No olvidemos que siguen existiendo muchas personas que están inmersas en un proceso de desahucio. Es cierto que gracias, entre otras cosas, a la moratoria aprobada por el gobierno de la nación hasta finales de año, el problema de los desahucios ya no copa los telediarios y los periódicos como hace unos años cuando reventó la burbuja inmobiliaria, pero sigue existiendo y el alcalde no puede darle la espalda”, ha afirmado Moya, quien también cree que “sería lamentable que la ejecución de unas instalaciones que vienen a paliar en parte la situación en la que se pueden encontrar muchas familias en nuestra ciudad formara parte de un cálculo electoral para aproximar el corte de la cinta a unas elecciones municipales. Pero si no es así, también es lamentable la incapacidad de gestión del alcalde y su gobierno municipal, y que la tengan que sufrir los más vulnerables de Córdoba, aquellos que no saben dónde dormirán el mes que viene”.

Sin política de vivienda

Por último, el PSOE ha denunciado que desde Vimcorsa siguen diciéndoles una y otra vez a los demandantes de alquiler social que no tienen ni una sola vivienda disponible. "Tampoco existe ningún acuerdo con la Sareb o los bancos para utilizar los pisos desocupados con alquileres sociales, ya que el ayuntamiento lo rescindió. Además, la oficina municipal de la vivienda está desaparecida" ha concluido Alicia Moya.