El Boletín Oficial del Estado (BOE) hace pública hoy la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el covid-19 a lo largo del año 2020, incluido el Ayuntamiento de Córdoba.
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La pandemia de covid-19 obligó a las administraciones públicas, y, entre ellas, a las entidades locales, a la adopción de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la crisis sanitaria. La necesidad de hacer efectivas esas medidas con carácter inmediato justificó la tramitación de emergencia de los contratos públicos, algunos sin concurrencia competitiva y ahora objeto de estudio por parte del Tribunal de Cuentas, que ha afeado ya en varias ocasiones el abuso de este tipo de contratación durante la pandemia. Se han conocido, además, casos polémicos y aún en investigación como el del Ayuntamiento de Madrid por la adquisición de material sanitario para la pandemia.
El informe del Tribunal de Cuentas se remite para su toma de conocimiento y solo se deriva a la sesión de enjuiciamiento si se aprecia posible responsabilidad contable de la administración investigada, lo que no es el caso del Ayuntamiento de Córdoba respecto a los contratos analizados.
En el caso de Córdoba, esos contratos tramitados por emergencia a lo largo del año 2020 fueron un total de 34 y tuvieron un importe global de 1.499.732,31 euros, de los cuales uno fue de obra por un importe de 5.943,09 euros; 10 de servicios, que ascendieron a 622.184,29 euros; y 23 contratos de suministros por un valor de 871.604,93 euros.
De ellos, el Tribunal de Cuentas ha analizado una veintena de contratos, 14 de suministros y 6 de servicios, en los que en la mitad su no está acreditada su formalización o no fueron publicados en el perfil del contratante. En el informe del organismo fiscalizador se advierte que si bien la contratación de emergencia puede perfeccionarse verbalmente, constituye una buena práctica de gestión administrativa la formalización por escrito del contrato, aunque ello no sea requisito previo para el inicio de la ejecución de las prestaciones necesarias para hacer frente a la situación de emergencia. El Ayuntamiento de Córdoba estaría en la media, en este sentido, por encima de ayuntamientos como el de Barcelona que no acredita la formalización de ninguno de los contratos de emergencia que hizo en la pandemia, pero por debajo del Ayuntamiento de Valencia que acreditó todos menos dos de los que el tribunal ha fiscalizado.
También queda recogido que solo en el 45% de los contratos realizados por emergencia en Córdoba se solicitaron ofertas a más de un proveedor. El Ayuntamiento de Córdoba adjudicó por ejemplo a la misma empresa, sin solicitud de otras ofertas, los seis contratos que celebró para la prestación del servicio de catering que se ofreció en los centros habitacionales de emergencia para personas sin hogar, mientras que la empresa Emacsa adjudicó a la misma empresa, sin promoción de concurrencia, sus cuatro contratos de suministros informáticos.
Contratos fiscalizados
Los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas van desde el cerrado para la compra de emergencia de 300.000 mascarillas FFP2 KN95 para proceder a su reparto entre la población de Córdoba con el objetivo de frenar la propagación de la pandemia, hasta la adquisición de gel hidroalcohólico, pasando por la compra de material para la protección de la salud de los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba o por el contrato para el suministro de 12 vehículos tipo pick-up para el servicio y trabajos de desinfección y limpieza viaria realizada por Sadeco. El más caro de los contratos analizados ascendió a 645.000 euros para la compra de las citadas mascarilla, y el siguiente, de 316.000 euros, fue para realización de 8.000 test rápidos de detección de covid-19 entre los trabajadores de Sadeco.
Córdoba es precisamente la ciudad estudiada por el Tribunal de Cuentas que compró más económicas las mascarillas quirúrgicas que repartió entre su población, a razón de 0,20 euros por unidad frente a los 0,50 que pagó por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid o los 0,40, que pagó Barcelona; y por las mascarillas FFP2/KN95 por las que pagó 2,15 euros frente a los 4,76 de Madrid.
Observaciones
Entre las observaciones que hace el tribunal destaca la tramitación de emergencia del contrato para la compra de las 12 pick-up de Sadeco, que se acordó el 30 de marzo de 2020 "y sin embargo, el inicio de la ejecución tuvo lugar transcurrido el plazo máximo de un mes, al haberse recibido los bienes objeto del suministro el 3 de julio de 2020".
Asimismo se refiere a dos contratos realizados por Mercacórdoba, una empresa dice el triibunal que "no tiene el carácter de poder adjudicador, por lo que sus contratos se rigen por las normas de derecho privado en cuanto a sus efectos, modificación y extinción". No obstante, continúa diciendo el informe, "hubiera sido una buena práctica de gestión haber dejado constancia documental de la correcta ejecución de la prestación". En este sentido, el tribunal dice que tan solo en seis de los contratos examinados el órgano de contratación designó un responsable del contrato encargado de supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Además, apunta que en al menos dos contratos las facturas se abonaron superado el plazo de 30 días que fija la ley.