El Consejo del Movimiento Ciudadano, ante la polémica establecida sobre el uso del superávit municipal acumulado, que actualmente ronda los 22 millones de euros, pide a los seis partidos con representación municipal, y a su vez con representación en el Parlamento nacional y autonómico, que busquen un acuerdo de toda la corporación sobre el uso del controvertido superávit.

A través de un comunicado indican que, hasta ahora, en el Ayuntamiento de Córdoba existía el acuerdo unánime para solicitar que el Gobierno central permitiera el uso de dicho superávit, que se ha generado a través del esfuerzo tributario de todos los cordobeses y cordobesas y atender los múltiples frentes abiertos por la pandemia.Por ello, no tiene sentido que posiciones encontradas a nivel estatal se trasladen sin más en el pleno municipal, provocando una polémica estéril.

Añaden que el Consejo del Movimiento Ciudadano siempre ha mostrado su oposición a la ley de estabilidad del año 2012 que ha generado un corsé de gasto a los ayuntamientos. Esta dificultad, unida a otras normas como la limitación del gasto o la aplicación de una tasa de reposición de personal absolutamente insuficiente para cubrir las jubilaciones de personal, ha degenerado en la debilidad de los servicios públicos municipales de todo tipo, de tal forma que corren el peligro de su cierre, cuando más se necesita la acción pública.

Asimismo, desde la FEMP se ha solicitado reiteradamente, de forma unánime también, que se flexibilizara o eliminara esa normativa y se permitiera dotar a los municipios de suficientes recursos económicos y humanos para abordar las necesidades de cada municipio. "Por eso, no es fácil entender que la ley de estabilidad siga en vigor y que ningún gobierno haya propuesto ya su modificación a pesar de las peticiones constantes de los ayuntamientos de toda índole política", señalan.

Asimismo, apuntan que tampoco es fácil comprender que, cuando los ayuntamientos han tenido que multiplicar sus ayudas sociales para atender las necesidades básicas durante la pandemia; cuando el transporte público colectivo ha tenido que reducir radicalmente sus ingresos; cuando son necesarias políticas de apoyo a los sectores económicos de la ciudad que sobreviven de mala manera, ... ahora no pueda el Ayuntamiento contar con sus ahorros de forma autónoma, lo que se podría haber hecho cambiando la ley de estabilidad a través de un real decreto ley u otra forma jurídica.

Por estas razones el Consejo de Movimiento Ciudadano considera necesario recuperar el consenso. Para ello, hay que esperar a que el Congreso de los Diputados decida si ratifica sin cambios el acuerdo firmado por el Gobierno central y la FEMP o si lo modifica. "Estamos convencidos de que el documento aún es mejorable con mayor participación política, absolutamente necesaria, ya que por ahora el Gobierno no cuenta con apoyo suficiente para su aprobación tal cual está", afirman.

Pero una vez se pronuncie el Parlamento nacional, y la norma sea firme, el Ayuntamiento deberá usar el mecanismo que se decida legalmente y que, aunque no sea el ideal, permitirá contar con mayor financiación que contribuya a cubrir los gastos ya generados, derivados de la pandemia, aplicar en toda su extensión el plan de choque, y evitar déficits en las empresas y organismos públicos. Este es el momento de olvidar posiciones partidistas, por razonadas que estén, si perjudican a la ciudad. Más aún cuándo esta crisis sanitaria, social y económica se prevé de larga duración.