La Corporación municipal ha debatido esta mañana sobre modelos educativos a propuesta de dos mociones: una, en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución, presentada por el Partido Popular, y otra, en defensa de la educación pública como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, impulsada por Izquierda Unida. El debate ha estado precedido por la intervención de Jesús Ángel Ruiz, representante del sindicato de educación Ustea, y de Mª Luisa Lucena, representante de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa).
La aritmética del pleno ha permitido que se apruebe una enmienda conjunta del Partido Popular, Cs y Vox, y el debate ha resultado un ejercicio dialéctico demasiado previsible y con aires de torneo de debate escolar.Así, IU y Podemos se han posicionado del lado de la educación pública, han apostado por primar las inversiones públicas en sus centros y por prohibir el cierre de líneas educativas públicas mientras se sigue manteniendo a la concertada; frente a PP, Cs y Vox, que defendieron el derecho de los padres a elegir centro y el blindaje de la concertada. "Defender la escuela concertada no significa arrinconar ni degradar a la escuela pública", ha dicho Marián Aguilar (PP).
En una postura intermedia se ha situado el PSOE, al presentarse como "defensor de la escuela pública y la complementariedad de la concertada". Su portavoz, José Antonio Romero, ha acusado a los grupos municipales proponentes de querer enfrentar a la gente con este tipo de debates.
En el texto aprobado finalmente después de dos turnos de intervenciones pide garantizar que los padres "elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos" y se recoge el artículo 27.3 de la Constitución, que ha sido el gran objeto de discusión, "que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Además, se defiende expresamente la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades. Asimismo, se pide garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada-conectada como garantes de la libertad de elección.
