Aliviado. Así debió sentirse el juez Jose Luis Rodríguez Lainz cuando el pasado 15 de febrero, tras 16 meses de instrucción, notificó a las partes la conclusión del sumario del caso Bretón y lo remitió a la Audiencia Provincial. Y es que el complejo asunto, que ha acumulado miles de folios, incontables diligencias de investigación, numerosas comparecencias y declaraciones, reconstrucciones minuciosas e interminables jornadas de búsqueda, le ha supuesto, según reconoció ayer, "un trabajo y un estrés tremendo".

Rodríguez Lainz, reacio al contacto con la prensa, quiere seguir alejado del ruido mediático a pesar de que el caso ya no está sobre su mesa y se niega a abordar el asunto en profundidad o a ofrecer entrevistas, aunque ayer dejó unas pinceladas de la experiencia en una conversación informal con periodistas. "¿Puede haber algo más laborioso que este caso?", respondió cuando fue preguntado si la de este asunto había sido la instrucción más complicada de su carrera. El caso Bretón , confesó, le ha supuesto un "trabajo y un estrés tremendo", y todo ello, además, en medio de una presión mediática asfixiante y lidiando con innumerables filtraciones.

De filtraciones "no me hablen", dijo en tono distendido. Y al hilo de ello, un recuerdo: aquel día en que se vio obligado a levantar el secreto de sumario que había decretado tan solo 48 horas antes para preservar la macrobúsqueda en la finca que estuvo preparando "durante días" y que se iba a llevar a cabo a mediados de junio. En un abrir y cerrar de ojos, incluso con secreto de por medio, los medios de comunicación informaron de que se iba a llevar a cabo la búsqueda y el juez no tuvo más remedio que levantar el secreto y ordenar el precinto de la finca y su custodia policial. Aquello supuso movilizar "40 policías a tres turnos las 24 horas, con dinero del contribuyente y mientras se quitaban patrullas de Córdoba".

"Y ya de lo que sucedió en agosto ni hablo", dijo en la misma conversación informal echando la mirada atrás a aquel mes en el que el caso dio un vuelco al quedar en evidencia el error cometido por una agente policial que había determinado que los restos óseos hallados en Las Quemadas eran de animales. Todó se disparó entonces. Pero ahora el caso está ya en la Audiencia para que dictamine un jurado popular, con Pedro Vela de magistrado-presidente, por cierto, "un profesional como un castillo de grande y una maravillosa persona", concluyó Rodríguez Lainz.