UGT y CCOO llaman a la huelga ante el "mayor retroceso" desde 1978
Los sindicatos incrementan los actos para tratar de paralizar la provincia. Los empresarios esperan que mañana se respete el derecho al trabajo
Los sindicatos UGT y CCOO hicieron ayer un nuevo llamamiento en los distintos actos que organizaron para convocar a los trabajadores cordobeses a la huelga general de mañana, 29 de marzo, al denunciar que la reforma laboral impulsada por el Gobierno supone el "mayor retroceso de los derechos del trabajador" desde la llegada de la democracia. Por eso, confían en que se paralice la actividad en la provincia ante lo que llaman "el mayor atentado" contra las conquistas sociales alcanzadas en las últimas tres décadas. Tanto UGT como CCOO participaron ayer en distintos actos, desde una caravana informativa que se inició en el polígono de La Torrecilla, hasta el reparto de octavillas en el centro de Córdoba o en un debate que se celebró en el Ateneo por la tarde-noche. Sobre la mesa pusieron algunas de las consecuencias de la reforma, como la infravaloración de la negociación colectiva respecto al convenio de empresa, el incumplimiento de los convenios cuando una empresa alegue descenso de ingresos, la posibilidad de mantener con un contrato de formación a un joven hasta los 30 años o una mayor flexilibilización del despido, siendo lo habitual la aplicación de una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. En el caso del descuelgue del convenio, la empresa podría ampliar la jornada de trabajo, rebajar el sueldo pactado o modificar las condiciones del trabajo, según recordaron. A esto se une la creación de nuevos contratos "más precarios" que permiten el despido libre durante el primer año de vigencia.
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Por su parte, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) pidió ayer en una circular informativa remitida a las asociaciones empresariales y empresas asociadas que se respete el derecho al trabajo de quienes no quieran secundar la huelga. "Es ilegal y debe ser tratada como tal toda acción que impida o de alguna manera coaccione a los trabajadores respecto de su acceso al trabajo", indicó CECO.
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