Un policía nacional acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas aceptó ayer una pena de cuatro años de cárcel e inhabilitación para las funciones policiales tras llegar a un acuerdo de conformidad en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial. Los otros tres acusados, informaron fuentes judiciales, aceptaron penas de tres y dos años.
Según el escrito de acusación del fiscal, el agente, valiéndose de su condición de funcionario de policía con acceso a bases de datos de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, recabó datos de personas relacionadas con actividades ligadas a la venta de drogas con el fin de obtener información útil para el tráfico de estupefacientes, así como para salvaguardar esta actividad y dificultar la investigación policial.
