La mancomunidad de juntas de compensación de cuatro urbanizaciones de Poniente --El Alamillo, Barquera Baja, Paso de la Barquera y Barquera Norte-- ha decidido "arbitrar un mecanismo" para "reclamar los recibos indebidamente cobrados del IBI", que es una de las problemáticas que ha detectado en varios núcleos tras una reunión mantenida con vecinos de El Sol, Doña Manuela, Las Corralitas de Doña Manuela, el plan B 13, Torreblanca, Encinares, Las Jaras y Carmen Ribera Baja, que mostraron su apoyo a este nuevo colectivo que pretende movilizar a más de 50.000 habitantes de la periferia. Según señala su presidente, Antonio Avilés, quedó patente la necesidad de reclamar la devolución de los recibos pagados por servicios de basura o agua no obtenidos para que reviertan en los vecinos. Avilés explicó que el representante de la urbanización Encinares, Manuel Otero, aseguró que están abonando el recibo de Emacsa, que incluye basura, servicio que no reciben. Respecto al cobro del IBI, los representantes de El Alamillo, Manuel del Pino, y de Paso de la Barquera, Antonio López, expusieron que su cobro "no se ajusta a la consideración de diseminados", que se valora el suelo según la normativa de 1994 "pero con coeficientes actualizados" y que se ignora "el concepto de suelo en proceso de regularización" aplicando el de "urbano", pero sin servicios.
Otro de los acuerdos alcanzados es exigir un organismo que supere el actual sistema de "compensación" sustituyéndolo por otro de "reconocimiento" que permita "transitoriamente la dotación de los servicios mínimos a las parcelaciones con posibilidad legal de convertirse en suelo urbano". Ponen de ejemplo Málaga, Sevilla y Almería. También piden una unidad de urbanización "que atienda y agilice la regularización de la situación caótica actual", ya que hay 18 urbanizaciones que el PGOU prevé regularizar desde hace una década pero ninguna ha culminado el proceso. De hecho, una de las denuncias de Alamiriya es la "incompetencia", "ineficacia", y "dejadez" de Urbanismo. Así, y según Avilés, el presidente de El Sol, José Luis Vega, expuso que ni siquiera la vía de apremio "agiliza el proceso", con lo que se produce "silencio administrativo de meses y años".
