El Pleno del Parlamento de Andalucía convalidó ayer el Decreto-ley 7/2021 sobre reducción del gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tras obtener 59 votos a favor de PP, Cs y Vox y 50, en contra. El decreto ley lo aprobó el Gobierno andaluz en su reunión del 27 de abril y entró en vigor al día siguiente tras la publicación de una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. La medida entraña reducir el tipo de gravamen general aplicable a la transmisión de inmuebles --Transmisiones Patrimoniales Onerosas-- y a la constitución y cesión de derechos reales, excepto los de garantía. Pasa de los tipos actuales del 8%, 9% y 10% a un único tipo general del 7%. De igual forma reduce el tipo de gravamen general para los documentos notariales --Actos Jurídicos Documentados-- al 1,2%.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, sostuvo que esta reforma tributaria pretende «impulsar la reactivación del sector inmobiliario» en la adquisición de viviendas de segunda mano, así como «incentivar la oferta de obra nueva a precios más asequibles, mediante la reducción de los costes fiscales». Bravo argumentó que los tipos aplicados en el Transmisiones Patrimoniales son «los mismos tipos existentes en el 2011 en Andalucía», por lo que ha colegido que «no se trata de medidas ideológicas». Con el argumento de «ayudar a prosperar», Bravo esgrimió que en el ejercicio 2019 Andalucía ganó 116.000 contribuyentes.
